El informe de la Secretaría de la Función Pública (SFP) que da a conocer la exoneración de Manuel Bartlett respecto de las acusaciones en su contra por “conflicto de interés, tráfico de influencias y enriquecimiento oculto y ocultamiento del conflicto de interés”, es un ejemplo más de que, para combatir la corrupción, no bastan los discursos ni la repetición de que las cosas ya cambiaron, sino que se requiere un andamiaje institucional hecho para ese propósito.
En síntesis, la investigación de Arelí Quintero, publicada en el portal de Carlos Loret de Mola, acusa al actual director general de la Comisión Federal de Electricidad de haber hecho una fortuna en inmuebles y empresas, que supera los 800 millones de pesos, la cual está a nombre de familiares, sociedades mercantiles y presuntos prestanombres.
Lo anterior habría sucedido con las agravantes de que la mayor parte de los bienes supuestamente se adquirieron cuando Bartlett fue servidor público y no los mencionó en la declaración patrimonial correspondiente a su último cargo.
El reporte de la SFP señala que, efectivamente, se encontraron inmuebles registrados, tanto a nombre de la pareja sentimental del funcionario como de sus respectivos hijos, pero que como ni ella es formalmente su concubina ni ellos dependientes económicos, no existía obligación de declararlos. De ahí que no hay ilícitos.
Durante el periodo al que suele denominarse transición democrática se modificaron algunas instituciones del Estado, pero esas transformaciones son reflejo de la lucha entre un régimen que se resistía a ceder poder político y rendir cuentas, y una oposición compuesta por actores de características diversas y contradictorias que buscaba mejores condiciones para competir en los comicios y acceder al gobierno.
A partir de que la alternancia fue posible y los principales partidos han logrado ganar las elecciones a la Presidencia, los cambios necesarios para avanzar en la democratización de las instituciones han sido más lentos y los grupos que se han turnado en el poder han aprovechado las características institucionales que prevalecen del autoritarismo para fortalecerse y, al mismo tiempo, resistirse a las modificaciones que podrían llevar al establecimiento de una democracia de mayor calado.
La resolución de la SFP es resultado de ese déficit institucional que continúa permitiendo que las investigaciones sobre esta clase de ilícitos las realice el mismo equipo de aquellos quienes son investigados. Quizá es legal, sin embargo, será incapaz de despejar la duda sobre el origen de la riqueza denunciada. Mucho menos aporta algo al combate a la corrupción permitida que supuestamente se acabó al inicio de esta administración.
POR PABLO LEZAMA
EX CONSEJERO ELECTORAL DE LA CDMX
@PABLEZA
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