Tras poco más de dos meses de la publicación de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva en la Gaceta del Senado, seguimos sin conocer aún cuál será la ruta de implementación que la Secretaría de Educación Pública tiene prevista para avanzar en la construcción de una verdadera educación inclusiva para todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en México.
Uno de los principales aciertos de la reciente reforma constitucional al artículo tercero fue que reconoció a la inclusión como principio y criterio para la educación, y estableció la obligación del Estado de eliminar las barreras que generan exclusión para el aprendizaje y la participación en la educación. Para concretar este mandato, en el artículo 18 transitorio se estableció la responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública de publicar una Estrategia Nacional de Inclusión Educativa (sic) que definiría las acciones y etapas para su cumplimiento progresivo.
La Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, publicada el 14 de noviembre pasado, es un documento bien logrado a nivel conceptual para alcanzar la educación inclusiva: posiciona el desafío de la eliminación progresiva de las barreras que generan exclusión para el aprendizaje y la participación para así asegurar que todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes no sólo tengan acceso a la escuela, sino que aprendan en ella lo necesario y relevante para la vida y participen en su proceso educativo. El objetivo propuesto resulta también profundamente esperanzador: convertir el actual Sistema Educativo Nacional —con características que promueven y potencian la exclusión— en uno “inclusivo, flexible y pertinente que favorezca el acceso, avance, permanencia, aprendizaje, participación y conclusión de los estudios de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en todo el país, en su amplia diversidad, en igualdad de condiciones y oportunidades”.
Sin embargo, estas bondades conceptuales y de propósito contrastan drásticamente con un pobre diagnóstico del problema y con un planteamiento de líneas de acción que confunden la noción de educación inclusiva para todas y todos, con la de sólo atender poblaciones en situación de vulnerabilidad y la persistencia de subsistemas educativos separados para estos grupos.
La Secretaría de Educación Pública aún le debe a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el aterrizaje de estos conceptos, en la oportunidad de plantear cambios de fondo que impulsen, tal como se expresa en la propia estrategia, “una transformación general del Sistema Educativo Nacional” hacia una educación incluyente y en la construcción de una propuesta de implementación sólida con fases de avance progresivo en el ejercicio del derecho a aprender.
Hacemos un llamado enérgico al secretario de Educación Pública para que, de manera urgente, publique la ruta de implementación de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva; que transforme las buenas intenciones en acciones reales que construyan un Sistema Educativo incluyente para todas y todos.
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POR MARINA DÍAZ ENRÍQUEZ
INVESTIGADORA DE MEXICANOS PRIMERO
@MARINATION90
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