Homero Gómez es, o era, un prominente conservacionista al frente del famoso santuario de las mariposas Monarca en Michoacán.
Gomez, ex comisario del ejido El Rosario, desapareció el 13 de enero y las sospechas están dirigidas contra grupos de talamontes.
Su caso puede ser un símbolo más de los problemas que enfrenta un gobierno que llegó al poder el 1 de diciembre de 2018 con la promesa de reformar un aparato policiaco judicial corrupto y fomentar la paz y el entendimiento.
La suerte de Gómez tiene reverberaciones más allá del ámbito michoacano o del de los defensores del medio ambiente.
"Estamos vigilantes para ver qué ha sido del señor Gómez y qué efecto tendrá su desaparición de alto perfil en la política nacional más amplia: desde que llegó al poder a fines de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a reformar la aplicación de la ley en lo que es ahora uno de los países más violentos del mundo", consignó un reporte de la empresa Eurasia Group.
Pero un reciente desfile de niños enmascarados y armados en un poblado guerrerense, presuntamente en proceso de integrarse a una fuerza de autodefensa local, indica tanto el tamaño del desafío que enfrenta el gobierno como lo que según especialistas es una ausencia de planes y programas para enfrentar el problema.
Peor aún, las fotografías y videos de la prensa internacional sobre lo que oficialmente se describe como "rescate" de migrantes en la frontera sur del país por la Guardia Nacional hacen más por confirmar una postura de dureza que de cuidado por los derechos humanos de los reclamantes de asilo.
Fuera del país, en todo caso, las políticas del presidente López Obrador son vistas con escepticismo. Para varios especialistas, el gobierno mexicano enfrenta de entrada la tarea de recuperar el control, la gobernanza, sobre zonas del país, especialmente a lo largo de las rutas de la droga.
Algunos afirman que hasta 40 por ciento del territorio nacional se halla bajo autoridades compartidas: el poder público "legal" y el poder real. Y a veces resulta más fácil atribuir crímenes al primero que denunciar al segundo, como ocurre en algunos estados del Pacífico.
La estrategia de atacar el problema en sus raíces socioeconómicas es considerada importante, pero no resuelve los problemas de delincuencia y orden ya presentes.
López Obrador y su gobierno han sugerido una estrategia de paz que recuerda las negociaciones en países con una larga historia de guerra civil, como Colombia. Pero en México no son guerrillas altamente ideologizadas que en algunos casos se aliaron o recurrieron al narcotráfico para sostenerse.
Lo que especialistas definen como "insurgencia criminal" no tiene ahora alicientes para negociar con el estado: los diferentes grupos tienen ya un control más o menos sólido de su entorno, con autoridades locales que por alianza, por corrupción o por temor responden a sus intereses. [nota_relacionada id=831495]
POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS
JOSE.CARRENO@HERALDODEMEXICO.COM.MX
@CARRENOJOSE
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