Sin echar campanas al vuelo, México mejoró una posición en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2019, una medición internacional que pone a nuestro país en el lugar 130 de 180, con lo que detuvo la caída que traía desde 2015.
Sin embargo, el puntaje obtenido de la evaluación realizada el año pasado, es de tan sólo 29 puntos sobre 100. Pobre y raquítico el resultado en materia de apertura gubernamental, implementación de mecanismos de control y atención a la impunidad.
La corrupción es el abuso del poder encomendado para el beneficio propio, define Transparencia Internacional. Así que no sólo pensemos en el saqueo al erario sino en toda “apropiación de lo público para fines privados”.
La Real Academia Española (RAE) otorga cuatro significados a la palabra corrupción: en dos de ellos señala que se trata de un vicio, que a su vez se define como un “hábito de hacer mal algo o de hacer una cosa perjudicial o que se considera reprobable desde el punto de vista moral”.
Pero la corrupción no sólo es reprochable desde la ética, lo es desde la pragmática, lo real y tangible. Sus efectos negativos se extienden a diferentes sectores, niveles y estratos, desde la función pública hasta asociaciones civiles y la ciudadanía.
Un dato relevante es que México es el peor evaluado de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del Grupo de los 20 en el IPC, cuyos resultados se presentaron el pasado jueves. En ese escenario nos encontramos, por debajo de países latinoamericanos como Chile, Colombia, Uruguay e incluso Bolivia y Brasil.
Para Transparencia Internacional –quien aplica la metodología para medir el índice de percepción con la opinión de analistas, representantes del empresariado y la academia–, los países con una media de 32 a 35 puntos son territorios donde las regulaciones no existen o se cumplen de forma deficiente y donde existe poca o ninguna consulta amplia a la ciudadanía.
Otro índice que recopila la percepción, en este caso la opinión de la ciudadanía, es el de Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional. Sus resultados fueron presentados en septiembre pasado y ahí el 90 por ciento reconoció que la corrupción es un problema en México.
Del universo total de encuestados, el 44 por ciento consideró que había aumentado (cifra menor a la de la encuesta anterior que se aplicó en 2017).
Para aminorar ese impacto mediático, económico y social, se estableció el Sistema Nacional Anticorrupción, así como los sistemas locales; su alcance ha sido mínimo en las entidades, derivado principalmente de la falta de coordinación entre las instituciones que ahí participan.
Si bien hacen esfuerzos aislados, no terminan de concebir y desarrollar una política pública que reduzca el vicio de la corrupción entre los mexicanos y establezca mecanismos efectivos para el control de las actividades públicas. [nota_relacionada id= 815430]
POR NALDY RODRÍGUEZ
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