Entre las políticas públicas que ha emprendido este gobierno para distanciarse y diferenciarse del pasado “neoliberal”, la más grave, la de mayores daños y de peores consecuencias para la salud de millones de familias mexicanas, es la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
Porque se levanta sobre la base del engaño de la gratuidad y universalidad de los servicios de salud.
Porque el Instituto nace sin reglas de operación, sin manuales de coordinación con las autoridades estatales, sin una planeación de su implantación y sin presupuesto.
Para el actual gobierno era urgente desaparecer el Sistema de Protección Social en Salud, mejor conocido como Seguro Popular. Y lo hizo de un plumazo, sin valorar la afiliación de millones de personas ni su base financiera para la atención de pacientes de primer, segundo y tercer nivel.
Ni sus acciones de prevención de enfermedades, vigilancia epidemiológica y cobertura de gastos catastróficos.
Sin siquiera considerar la posibilidad de enmendar sus desaciertos, porque sí los tenía el Seguro Popular. Pero era una política pública en salud ya probada y con más resultados positivos que negativos.
Lo que hemos visto desde el día uno en la vida del Instituto de Salud para el Bienestar es una suma de preguntas, confusión, deficiencias de operación, incertidumbre y vulnerabilidad.
Pacientes que preguntan sobre la continuidad de su tratamiento y por qué el alza en las cuotas de recuperación. Personal de salud y hospitales sin insumos suficientes ni respuestas que ofrecer. Trabajadores del Seguro Popular que desconocen su futuro laboral.
La eliminación del Fondo de Gastos Catastróficos del Sistema deja en grave riesgo a pacientes con enfermedades cuyo tratamiento es altamente especializado y costoso. A pesar de la evidencia, el Presidente de la República sigue afirmando que los servicios del sistema de salud serán gratuitos para todos los mexicanos a finales de este año.
Mientras se cumple esa promesa, es necesario ofrecer servicio a las personas que lo requieren, por ello, aquí en el Senado, el PAN presentó reformas a la Ley General de Salud.
Se propone modificar el artículo 36 para eliminar las cuotas de recuperación de servicios de salud. Modificar el artículo 77 bis 1, a fin de garantizar la universalidad y gratuidad en todos los niveles de salud para los mexicanos.
Además, se propone un artículo transitorio a efecto de ofrecer certidumbre a los usuarios para que en tanto el gobierno federal aplique las medidas establecidas en el presente decreto, continúen vigentes las disposiciones para la operación del Sistema de Protección Social en Salud anteriores al Decreto publicado el 29 de noviembre de 2019.
Es perfecta la idea de ofrecer los servicios de salud gratis, pero en tanto se llega a la gratuidad, es necesario que se regrese al esquema del Seguro Popular. Es importante contar con un calendario de transición para evitar la problemática actual. Tenemos que actuar para que la creación del Instituto de Salud para el Bienestar no siga teniendo consecuencias desastrosas y afecte a las y los mexicanos en donde más duele: en su salud y su bienestar.
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POR XÓCHITL GÁLVEZ
SENADORA DEL PAN
@XOCHITLGALVEZ
abr