Benjamín Franklin, uno de los fundadores de EU, dijo que “aquellos que están dispuestos a sacrificar sus libertades esenciales, a cambio de un poco de seguridad temporal, no merecen ninguna de las dos cosas”.
La semana pasada nos enteramos, a través de filtraciones, de un paquete de reformas penales que podrían regresar a México a los tiempos de la arbitrariedad que vivimos en el siglo XX, durante la época más cruda del partido-gobierno.
Mediante 14 modificaciones a la Constitución, el mencionado proyecto implicaría, entre otras cosas: acabar con la presunción de inocencia al generalizar el arraigo (encarcelar sin pruebas a cualquier persona, hasta por 40 días); aceptar evidencia obtenida de forma ilegal (es prácticamente un salvoconducto a abusos como la tortura); eliminar a los jueces de Control (garantes de que se inicie un proceso justo); y legalizar el espionaje telefónico para asuntos electorales y fiscales (a un año de elecciones y con un gobierno que desprecia la oposición). Se busca que el Presidente y el Senado nombren jueces que sancionen a sus compañeros en el Poder Judicial.
Algunos oficialistas han querido minimizar este hecho argumentando que las filtraciones son sólo “borradores”, pero los documentos a los que tuvimos acceso incluyen miles de páginas, perfectamente redactadas y justificadas legalmente, listas para ser discutidas en el Legislativo. De hecho, se realizó un evento en el Senado para presentarlas y se anunció, para sorpresa de todos, que se pospondría hasta febrero.
Más allá de por qué no se presentaron, lo importante es que el espíritu de estas reformas luce aterrador. So pretexto de acabar con la impunidad y la inseguridad, la reforma obradorista apunta hacia un peligroso camino: el populismo penal. Es decir, quitarle a las autoridades -de por sí corruptas y abusivas– controles que protegen al ciudadano, dotándolas de mayores dientes para investigar y arrestar personas sin importar la presunción de inocencia y los derechos humanos.
Esta reforma eliminaría la ruta que México definió con el nuevo sistema acusatorio de 2008 y al que apenas hemos transitado. Si bien era un sistema que debía perfeccionarse, apuntaba en la dirección correcta: defensa de derechos humanos, transparencia y controles ante la arbitrariedad.
Si México quiere dejar atrás la impunidad, que es nuestro mayor cáncer, se debe tomar la ruta larga, la de un sistema estricto y vigilado en el que no haya abuso de autoridad. Para lograrlo, en lugar de más cambios legales, se requiere invertir en las instituciones: capacitar a jueces, ministerios públicos y policías; mejorar la tecnología y las técnicas de investigación, aumentar el presupuesto y las capacidades materiales de agencias y juzgados.
Pero para el populismo no hay largo plazo. Quieren acciones deslumbrantes para convertirlas en propaganda. Por eso han decidido recurrir a una reforma penal de relumbrón, que no va a resolver los problemas, pero sí nos llevará a una nueva época de desamparo ante la arbitrariedad del Estado. Hagamos todo lo que esté en nuestras manos para impedirlo.
POR GUILLERMO LERDO DE TEJADA
DIPUTADO EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
@GUILLERMOLERDO
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