En octubre del año pasado, a convocatoria del presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, se inició el diálogo entre los tres poderes de la Unión para construir un nuevo andamiaje normativo con el objetivo de mejorar el acceso a la justicia, perfeccionar el ordenamiento penal, abatir la impunidad e impartir justicia de manera pronta y expedita, como lo mandata la Constitución.
Por décadas, el Estado ha incumplido su función de brindar seguridad e impartir justicia, llevándonos a un estado de derecho fracturado y un tejido social en franca descomposición. Recuperar la paz, enfrentar y disminuir los índices de inseguridad es lo que clama la población, pero pretender hacerlo con los instrumentos que se tienen, nos llevaría a los mismos resultados.
Sin duda, las reformas constitucionales en materia penal aprobadas de 2008 a 2011, que cambiaron el modelo del sistema penal, de uno inquisitivo a otro oral y acusatorio, tuvo avances en cuanto a presunción de inocencia, oralidad de los juicios, mecanismos alternativos para la solución de controversias y protección a las víctimas; sin embargo, a 11 años, su instrumentación, las condiciones de criminalidad, la corrupción e impunidad siguen siendo una tarea prioritaria. Es necesario identificar qué ha fallado; requerimos una solución para la crisis que se vive en materia de procuración e impartición de justicia.
Con tal propósito, nuevamente, senadores de las diversas fracciones políticas nos reunimos con el fiscal general, la secretaria de Gobernación y el consejero jurídico de la Presidencia, quienes esbozaron algunos elementos de la reforma al sistema penal y de justicia que presentarán en febrero próximo. Entre otras, señalaron modificaciones a 14 artículos de la Constitución, la expedición de una Ley Nacional de Justicia Cívica, un Código Nacional Penal y una Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, así como modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Nacional de Ejecución Penal y a las Leyes Orgánicas de la FGR y del Poder Judicial de la Federación.
Sin duda, será una reforma compleja que necesita el consenso de todas las fuerzas políticas para ser aprobada y en eso nos enfocaremos; tendremos la tarea de revisar el sistema de justicia, sus procesos y mecanismos, a fin de devolver a la sociedad la confianza en las instituciones que lo integran.
Deberemos pasar del “por qué no” al “cómo sí”, y para ello, a través del parlamento abierto, se escucharán todas las voces, a expertos, penalistas, investigadores, organizaciones de derechos humanos, académicos, gobernadores, y todos los interesados en manifestar su opinión.
Éste es, considero, el camino correcto para construir, en armonía y consenso, reformas que la sociedad exige.
[nota_relacionada id=826824]POR EDUARDO RAMI?REZ
SENADOR DE LA REPU?BLICA
@RAMIREZLALO_
eadp