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OPINIÓN

Mayoritear

OPINIÓN

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Créditos: FOTO: Especial
Uno pensaría que en un mundo globalizado, pero al mismo tiempo tan diverso como el nuestro, las autoridades gubernamentales y los partidos políticos de las distintas naciones y localidades entenderían que gobernar adecuadamente supone tomar en cuenta distintas voces, negociar y consensuar, aunque solo sea para —en el proceso— obtener mayor legitimidad, y no menos. Sin embargo, ciertamente en México no ocurre así.
 
Como ciudadanos, ya no se diga como servidores púbicos, nos equivocamos de todas todas si pensamos que la democracia significa el gobierno de una mayoría electoral en favor de una “mayoría” de electores. No. La gestión democrática de un gobierno es el ejercicio de múltiples valores democráticos, entre otros: la inclusión de las minorías, el respeto a las disidencias y el no ceder a los encantos de mayoritear solo porque es posible hacerlo.
 
En esta ocasión no me voy a referir a la actuación de Morena nacional (como, por cierto, lo hice muchas veces antes con respecto al PRI) y del Poder Legislativo federal (aunque por supuesto se podría hablar de este), sino a la cámara de representantes de Baja California, que sigue cualquier línea propuesta por el gobernador de la entidad, Jaime Bonilla; un gobernante al que cada vez hay más motivos para cuestionar, en lugar de aplaudir o apoyar.
 
Gracias a una aplastante unanimidad impuesta por y para la mayoría en el congreso de Baja California (tanto así que no se permitió el debate al respecto ni en comisiones ni en el pleno), a partir del día 1 de enero de 2020, los habitantes del estado deben de pagar más —bastante más— en hospedaje, transporte, gasolina, gas y otros derivados combustóleos que lo que lo hacían hace dos días.
 
Y eso por cuanto al debate, la negociación y el acuerdo de las alzas en los impuestos; porque si hablamos del análisis y consideraciones sobre qué se hará con dicha recaudación adicional, por parte los legisladores de Morena en Baja California no hubo ni un asomo de querer explicarlo o consultarlo con la población del estado, ya no se diga con los pocos otros legisladores de oposición.
 
Las cosas sucedieron así: contraviniendo la normatividad, se incluyó en el orden del día de una sesión —cuando esta ya había iniciado— el punto de acuerdo relativo a votar los aumentos, obviando antes ventilar las iniciativas entre la ciudadanía del estado y sin que mediara una valoración del órgano de fiscalización ni la comisión especializada, y luego de haber dado por concluida y cerrada la aprobación de la Ley de Ingresos y Egresos para Baja California, con un incremento al Impuesto Sobre Nómina, ajustes a los valores catastrales y la aprobación de un nuevo impuesto por construcción para la ciudad de Mexicali (ese sí, menos mal, suficientemente discutido). Total, como que ya se va haciendo costumbre en Baja California, se procesan las cosas por fuera de la ley.
 
Pero al menos les quedan a los ciudadanos bajacalifornianos dos consuelos. El primero: que en esta decisión no prevalecerá el anonimato. Se sabe que la hechura de las iniciativas partió de la oficina del ejecutivo local y se conoce exactamente quien votó a favor de ellas. Lo segundo: el gobernador Bonilla tiene solo dos años para imponer esta clase de decisiones sorpresivas, autoritarias y aplastantes... ¿O será que tampoco se podrá contar con la seguridad de eso?
 
Por lo pronto, mal inicia este año la ciudadanía de Baja California. Pobres de ellos; pobres de todos nosotros, “los otros”.
 

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM 

@MALOGUZMANVERO

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