El presidente López Obrador no ha engañado para nada a aquellos más de 30 millones de votantes que logró seducir en 2018. Desde campañas anteriores, las que, a la postre, lo pusieran en Palacio Nacional, AMLO dijo que iría en contra de la corrupción, que echaría abajo las reformas Energética y Educativa, y que reformaría el sistema de salud, acabando con el Seguro Popular.
Ya desde Palacio ha intentado hacer realidad sus dichos, al menos por decreto, ya que retiró la Reforma Educativa y, aludiendo al combate anticorrupción, canceló el aeropuerto en Texcoco, minimizó el programa de estancias infantiles y, ahora, el turno del Seguro Popular, que fue sustituido por el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi).
Si bien la agenda del Presidente ha insistido en realizar sus promesas de campaña, la forma es lo que ha causado estupor en la ciudadanía, es decir, los “cómo” no terminan de quedar claros, pues no ha habido transparencia en reglas de operación o satisfacción de los beneficiarios en temas variados, como el aeropuerto en Santa Lucía, las transferencias directas del Estado a las y los “abuelitos” que realizan las acciones de las estancias infantiles, cómo será el proyecto del Tren Maya o cómo va operar el Insabi.
En este tema particular, el riesgo no es menor, ya que en lo que respecta a la salud, no se puede realizar una acción de esta magnitud sólo con el poder de una firma, así sea la del Presidente. Se intenta comprender que ésta decisión (al igual que los ejemplos anteriores), no pasa por el cedazo de la visión técnica y que es una determinación netamente política, sin embargo, ¿corresponden enteramente a satisfacer las necesidades de la sociedad? La respuesta, en estos momentos, es un rotundo no. Hoy se escuchan decenas de testimonios que reclaman atención médica y abastecimiento de medicinas.
A diferencia del Seguro Popular, el Insabi busca operar de forma centralizada, garantizando salud y gratuidad para los beneficiarios (donde el único requisito es ser mexicano) y, de manera paralela, asegurando la cobertura de médicos y personal de enfermería a través de la Universidad de la Salud, por lo que atajaría los problemas que hoy acarrean instituciones de salud en todo el país. Sin embargo, vuelve a surgir la pregunta ¿cómo se puede realizar? y se añade ¿cuándo estará listo este modelo para atender a la población? Son cuestionamientos que han encontrado respuestas abstractas, como “con el ahorro que obtendremos del combate a la corrupción y de la austeridad” y “este año deberá estar operando”, respectivamente.
La apuesta del gobierno sigue siendo desmantelar proyectos, programas y servicios que estaban en ejecución porque se intuyen actos de corrupción, sin diagnóstico preciso y transparente para suplirlo adecuadamente por instituciones, programas y servicios —libres de corrupción—. Otra vez la lógica de usar hacha en lugar de bisturí. La discusión nacional debe ser el riesgo que supone tomar decisiones ligeras en temas tan sensibles como la salud, donde se necesita un sistema de salud transparente, para lo que se debe de pugnar por un Insabi sin engaños.
POR ADRIANA SARUR
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