Para gobernar no es suficiente legitimidad, prestigio popular o concentración del poder político.
El buen gobierno requiere del uso correcto de las herramientas con que cuenta para conducir un proyecto o elaborar una política pública, y así transformar una realidad en beneficio de los gobernados.
Por eso, la técnica, el conocimiento y el uso oportuno de la información son indispensables para que una política tenga éxito.
Al Ejecutivo le corresponde “ejecutar” las disposiciones del Congreso y es su obligación hacerlo con eficiencia, sobre todo, si la mayoría de su partido realiza las modificaciones legales que definen las nuevas políticas. De otra manera, se incurre en responsabilidad legal, y cualquier intento de “tapar” a los responsables es una forma elemental de corrupción.
El caso del Insabi es particularmente delicado, porque no es la primera vez que este gobierno incide en ineficiencias en temas relacionados con la salud.
La escasez de medicinas a principios del año pasado fue una alerta que debió ser atendida en el diseño integral de las nuevas políticas de salud pública.
Ahora, el arranque del Insabi vuelve a mostrar improvisación y falta de planeación y coordinación entre los actores involucrados. Incluso, en el discurso político, se han manifestado contradicciones evidentes entre los dichos presidenciales y los de su equipo.
Hoy preocupan la falta de claridad en los mecanismos de financiamiento de un proyecto así, la ausencia de reglas claras de operación, la incertidumbre que ya se generó en la población sobre sus derechos, así como la duda de si el gobierno será capaz de cumplir con la promesa de la gratuidad de todos los servicios de salud.
El hecho es que después de 15 días de operación, ya se incurrió en falta. Directa o indirectamente, hay pacientes que han sido afectados de una u otra forma.
El simple retraso en la aplicación de un tratamiento podría ser fatal. Con la salud de la población no se juega ni se improvisa, por mucho que se avance en la austeridad. Aquí no hay mañanera capaz de justificar, explicar o consolar.
Hace 11 años, durante el gobierno de Felipe Calderón, Alejandro Martí externó así su protesta sobre el tema de la inseguridad: “Si no pueden, renuncien”. Aquellos miembros del equipo presidencial que son responsables del caos que se generó en estos días, deben tomar nota.
Hoy lo que se pide es simplemente reconocer los errores cometidos, definir las reglas con las que operará el sistema de salud, aclarar quién y cómo se financiará el proyecto, y comunicar a los ciudadanos a qué tendrán o no tendrán derecho a partir de ahora.
Mientras eso no ocurra, hacen bien los gobernadores que se oponen a firmar el acuerdo con la Federación. No estaría de más pedir la rendición de cuentas de los responsables y diseñar un sistema de evaluación pública del proyecto de salud. Ésa sería la actitud correcta para la instrumentación de cualquier política pública.
POR ARTURO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
DECANO ASOCIADO DE LA ESCUELA DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN PÚBLICA TECNOLÓGICO DE MONTERREY
@ARTUROSANCHEZG
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