Se levantó la primera voz enérgica desde el interior de Morena para advertir el riesgo que corren los pacientes y enfermos sin IMSS, ISSSTE o seguro privado respecto al nuevo modelo de servicios médicos abiertos que, desde el 1 de enero, ofrece el gobierno federal.
No es la primera vez que la diputada federal Miroslava Sánchez Galván expresa su desacuerdo con el plan de salubridad nacional. El desmentido a López Obrador de que los servicios del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no serán gratuitos, se suma al rechazo que hizo sobre el presupuesto planteado para salud de 2020.
Sánchez Galván fija su postura de acuerdo con la información, presupuesto y esquemas fijados para el ejercicio fiscal porque como presidenta de la comisión de Salud le tocó cruzar y jalar la sábana para la cobertura de los servicios este año. Por eso demandó a la Secretaría de Salud, y al gobierno, que aclare y no genere falsas expectativas de que las atenciones médicas no costarán a los pacientes.
La alerta que enciende la presidenta de la comisión de Salud coincide con la postura asumida por el ex secretario de Hacienda de la 4T, Carlos Urzúa Macías, quien renunció después de que el Presidente se negó a escuchar y adoptar criterios macroeconómicos para elaborar el plan de gobierno sexenal. Urzúa señaló que el modelo Insabi carece de “sustento normativo, financiero y operativo”, del mismo modo que sucede con otras recientes políticas públicas “nacidas del mero voluntarismo”.
En una columna publicada el lunes en El Universal, el exfuncionario advirtió que estos factores condenarán al Insabi a convertirse en una “riesgosa quimera”.
“El espíritu que está detrás del nuevo Insabi es, al final del día, la recentralización de los servicios de salud para la población que no es derechohabiente”, advierte Urzúa.
Hasta a Germán Martínez Cázares, exdirector del IMSS, le dio por salir al paso aunque cuidando sus palabras.
Dijo que el proyecto tiene buenas intenciones, pero aceptó en una rueda de prensa que en los hechos y la operación el plan se ha traducido en confusión. Incluso, pidió que el Insabi se deje ayudar por el IMSS-Bienestar, que tiene recursos, experiencia y la infraestructura médica para alcanzar objetivos.
En otras palabras, dijo que la cobertura de atención médica se puede colapsar, si no se reestructura el sistema para las personas que no tienen seguridad social mediante el empleo formal y de bajos recursos.
Son tres voces que saben de lo que hablan y que se suman a lo que nos dijeron dos especialistas (Felicia Knaul y Héctor Arreola) que conocen el sector médico nacional y de otros países como Canadá. ¿O a caso están equivocados? Simplemente no existen las reglas de operación del nuevo programa para corroborarlo.
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UPPERCUT: En Nuevo León ya se ganaron cuatro amparos para mantener intactos los mismos derechos que el Seguro Popular. Fueron promovidos por el senador de MC, Samuel García.
POR ALEJANDRO SÁNCHEZ
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