Después de dos años de estira y afloja, presiones de asociaciones civiles, organismos autónomos y hasta del Banco Mundial, posiciones encontradas que exigen mayor transparencia y otras que piden seguridad, finalmente quienes forman parte del servicio público tendrán un nuevo formato para presentar su declaración patrimonial y de intereses en 2020.
Al interior del Sistema Nacional Anticorrupción lograron un punto intermedio, un híbrido dando apertura a los bienes, propiedades e ingresos de los trabajadores del Estado, sobre todo los que tienen un mayor rango o responsabilidad, pero resguardando los datos personales y los que puedan ser considerados confidenciales.
Con los nuevos formatos, que incluyen 300 rubros en promedio en la versión completa, se hace obligatorio que el funcionariado haga publicas estas dos declaraciones, salvo la información relativa a menores de edad o la que sea clasificada como Reservada por los Comités de Transparencia, al considerar que se pone en riesgo la vida, integridad o salud de la persona.
Hasta ahora, presentar la declaración patrimonial es una obligación al iniciar o finalizar un encargo, así como la de modificación que se presenta en mayo, para todas las personas que trabajen en instituciones de cualquier nivel de gobierno, sin embargo, es opcional hacerla pública. Quedaba al libre albedrío de cada servidor.
Los nuevos formatos incluye tres opciones de relación “sentimental”: cónyuge, concubina-concubinario-unión libre y sociedad de convivencia; además privilegian el interés superior del menor al resguardar los datos de los hijos o dependientes económicos. Esta información, convergerá en la Plataforma Digital Nacional (PDN), que se encuentra todavía en una versión preliminar, porque pretenden realizar mejoras de sus funciones, pero ya contiene datos reales y la interconexión con sujetos obligados.
La PDN busca ser un instrumento de inteligencia interinstitucional para el combate a la corrupción. Además de las declaraciones patrimoniales y de intereses, habrá información de los servidores públicos que se encuentren en contrataciones, los sancionados, un apartado de fiscalización, otro de denuncias y finalmente las contrataciones.
En este 2020, para los servidores públicos federales, quienes representan 40 por ciento del universo de funcionarios, es obligatorio que presenten de manera digital los nuevos formatos; mientras que para los burócratas estatales y municipales será forzoso a partir del 1 de mayo de 2021.
Algunos esperaban más: que se dieran a conocer públicamente los datos patrimoniales de las parejas, dependientes económicos, terceros y bienes en copropiedad. De inicio, que ya todas las declaraciones puedan ser públicas es un avance sustancial.
Frente al desafío que representa la corrupción, el reto será que los formatos sean prácticos, con información útil, que permita dar seguimiento y continuidad a la evolución de los bienes de servidores públicos adscritos a la administración federal, estatal y municipal
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POR NALDY RODRÍGUEZ
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