Siempre he tenido una opinión positiva sobre Alejandro Gertz Manero, lo considero un hombre honesto cuya trayectoria profesional y experiencia lo avalan como un digno titular de la Fiscalía General de la Nación. Gertz ha sido hasta ahora un fiscal prudente, sin afanes protagónicos, sus más recientes declaraciones en el contexto de la Reunión de Embajadores y Cónsules 2020 en la Cancillería han puesto el dedo en la llaga para advertir que existen unidades del Gobierno Federal que violentan reiteradamente el derecho al debido proceso.
Sin decir expresamente que su afirmación se dirigía a la Unidad de Inteligencia Financiera que encabeza Santiago Nieto, el Fiscal mostró con razón su inquietud porque la ligereza con que se informa sobre investigaciones que llevan nombre y apellido, sin respetar las reglas básicas del debido procedimiento, dejan a la institución que encabeza en estado de vulnerabilidad cuando se inicia una indagatoria en la que se debe respetar el derecho de presunción de inocencia, trátese de quien se trate.
La inquietud produjo una reacción inmediata en el Presidente Andrés Manuel López Obrador que no se distingue precisamente por su rigor en conocimientos jurídicos básicos, pero que advierte políticamente que el comentario es un aviso para evitar que se profundicen las arbitrariedades sobre diversas investigaciones en curso que se conocen a nivel nacional, sin que haya de por medio un citatorio, requerimiento o notificación para los señalados y se preserve un elemental respeto a la formalidades del procedimiento penal.
Aunque en teoría Santiago Nieto depende jerárquicamente del Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en la práctica López Obrador ha reconocido que las investigaciones en curso de la UIF son conversadas previamente en el despacho presidencial. Al salir en defensa de Nieto explicó a los medios que cubren la conferencia mañanera: “Santiago no hace nada sin consultar con el Presidente”.
Por eso lo señalado por el Fiscal General constituye un reconocimiento sobre la grave crisis procesal que resta efectividad para castigar conductas delictivas y propicia más impunidad. Cualquier abogado penalista medianamente experimentado, sabe que ante la ligereza de un señalamiento público, la vacuna más efectiva es denunciar violaciones al debido proceso que se prueban con las declaraciones de Nieto Castillo.
Jamás pretendería en este artículo defender a los conocidos personajes señalados por la presunta comisión de conductas financieras irregulares o ilícitas, sin embargo considero indispensable recapitular reflexivamente sobre la necesidad de que ninguna autoridad violente derechos fundamentales para perseguir delitos, lo que significa una inaceptable contradicción.
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EDICTOS
No hay justicia sin ley, por eso la Suprema Corte y los tribunales federales tienen un arsenal de criterios jurisprudenciales que sustentan la pertinencia de lo dicho por Alejandro Gertz.
Hasta el jueves.
POR ENRIQUE RODRÍGUEZ
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