El jueves pasado, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, anunció que su entidad, al igual que otras siete, no firmaría los acuerdos de entrega del Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) del gobierno federal. Con ello se vislumbra una batalla que ya se extrañaba, después de año y medio de virtual hegemonía política por parte del Presidente y su movimiento.
Digo que se extrañaba no tanto porque me parezca virtuoso en sí mismo el debate democrático o entretenida la contienda partidaria, que lo son. Simplemente llamaba la atención que no se hubiera hecho más escándalo mediático y político por la súbita transformación, en principio poco explicada y menos sustentada, del servicio público, quizá más sensible entre todos los que ofrece el Estado mexicano. Así lo han expresado, sin suficiente eco a mi parecer, varios exsecretarios de Salud, particularmente Julio Frenk y Salomón Chertorivski.
Sorprende también la baja atención mediática, porque el antecedente no es menor. Desde principios del siglo los analistas del Partido Verde identificaron (y explotaron) dos temas esenciales en la preocupación de los votantes: el enorme costo familiar por una enfermedad de alta complejidad y la disponibilidad de medicinas para tratamientos más comunes.
Ello además se magnificó en años recientes por las historias de quimioterapias con agua en Veracruz, y por la escasez de medicinas y tratamientos resultante de la consolidación de compras en la presente administración.
Pero además de su alta sensibilidad, es relevante esta batalla porque daría la impresión de estar bien calculada, o al menos de tener un alto potencial de rendimiento político. El propio contenido de lo dicho por Orozco sugiere que el enfoque electoral está al centro del alegato. Según la nota publicada por Reforma, la explicación de la rebeldía es que el Seguro Popular brinda mejor servicio a las personas y ofrece medicinas accesibles. Esta narrativa es diametralmente opuesta a la que enarbola el presidente para defender al Insabi, centrada en el combate a la corrupción. Al rechazar la propuesta federal, se pone el acento en las necesidades de los pacientes, más que en los problemas de los políticos de cómo organizar las cosas.
Esta bandera podría convertirse en una sólida apuesta de la oposición política a AMLO y Morena. En parte porque no parece fácil que el gobierno federal recapacite, ni que el Insabi muestre grandes éxitos en el corto y mediano plazo. Pero sobre todo porque esta agenda combina la sensibilidad ya comentada con algo que ha brillado por su ausencia: que la crítica a la 4T la hagan quienes tienen una vocación de poder creíble.
Parece una obviedad, pero la oposición política tienen que hacerla los políticos. Desde luego esto es más potente si lo hacen de la mano de la sociedad. Pero no tiene sentido pensar que ésta por sí sola pueda lograrlo. Y quién mejor que próximos exgobernadores, para quienes una aspiración posible es la dirigencia de sus partidos o la candidatura presidencial, para encabezarla. Veremos.
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POR ALEJANDRO POIRÉ
*DECANO ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES Y GOBIERNO TEC DE MONTERREY
@ALEJANDROPOIRE
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