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Control de confianza nuevamente a escena por caso del Fiscal de Veracruz

El alcance de esta medida es tal que si los servidores públicos no cumplen, podrían correr la misma suerte que el fiscal de Veracruz

OPINIÓN

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La remoción temporal del fiscal general de Veracruz por parte del Congreso local, registrada la tarde del 3 de septiembre por no contar con la evaluación y certificación de control de confianza vigente trae nuevamente a discusión la importancia de que todos los mandos encargados de la seguridad pública y procuración de justicia estén al día en este rubro.

El alcance de esta medida es tal que si los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública no cumplen con lo que mandata el artículo 21 constitucional y la Ley General del SNSP, podrían correr la misma suerte que el fiscal veracruzano destituido, incluyendo la misma encargada del despacho.

El Congreso de Veracruz puso la vara tan alta que más de un mando superior, independientemente de su origen civil o militar, deberá apresurarse a hacer fila en algún Centro de Evaluación y Control de Confianza del gobierno para examinarse, si es que no cuenta con su evaluación, so pena de ser destituido de manera fulminante.

Visto desde un ángulo positivo, las acciones emprendidas en Veracruz permitirían catalizar el proceso de reestructuración y depuración de policías municipales anunciado por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana el lunes en Sonora, que al ser replicado a nivel nacional, permitiría sustituir a los uniformados municipales no aptos por elementos de infantería de marina y sus directivos por mandos navales y militares.

Lo anterior podría mejorar la confianza de los ciudadanos en la autoridad y a los mandos superiores recuperar el liderazgo para exigir a todos los policías y ministerios públicos que cumplan con la ley en materia de control de confianza, incluida la Guardia Nacional.

Hasta aquí todo parecería marchar bien y en el camino correcto, sin embargo, el primer problema deriva de la prórroga autorizada el 9 de julio del Consejo Nacional de Seguridad Pública, integrado por el Presidente, el gabinete de seguridad, los gobernadores y la jefa de Gobierno de la CDMX, que permite que durante los próximos 18 meses ningún policía, MP o mando superior esté obligado a evaluarse y actualizar su certificación, lo cual podría ser capitalizado por el fiscal destituido.

Otro problema lo genera la interpretación del artículo 21 constitucional, que señala que “ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad si no ha sido certificada y registrada en el sistema”, pero no especifica si esto incluye a los fiscales generales y sólo indica que “la seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos”.

En síntesis, la acción emprendida por el Congreso veracruzano pone el dedo en la llaga en temas tan debatibles como necesarios para avanzar en los rubros de seguridad y procuración de justicia, y abre la posibilidad de aclarar las cosas.

Además, indica que en los próximos días, la carga de trabajo en los Centros de Evaluación y Control de Confianza será más intensa y habría que darle seguimiento para asegurarse de que no impacte negativamente en la calidad de los exámenes y certificaciones.

POR FACUNDO ROSAS

EXCOMISIONADO DE LA POLICÍA FEDERAL

edp