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Marejada verde

Las mexicanas alzan la voz para exigir en sus estados leyes para que se deje de penalizar a las mujeres que abortan

OPINIÓN

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Como el mar de fondo, cuyo oleaje se propaga fuera de la zona donde se generó para llegar a lugares alejados, así, desde Oaxaca, se expandirá la marea verde hasta otros estados del país, muchos de ellos conservadores.

Sin igualdad de oportunidades para tener acceso a los servicios de salud y a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), las mexicanas alzan la voz para exigir a sus congresos locales legislaciones similares a la que rigen en la Ciudad de México y ahora en el estado istmeño, para que se deje de penalizar a las mujeres que abortan.

Desde 2016, en el informe para que Veracruz obtuviera su segunda alerta de violencia de género (en este caso por agravio comparado), académicas y abogadas advirtieron sobre la “falta de homogenización en materia penal respecto al delito de aborto y en relación con las causales de exclusión de responsabilidad que permiten la práctica de la ILE”, lo que lleva a la realización de abortos inseguros o a la maternidad impuesta.

En la mayoría de los estados está penalizado el aborto, pero en algunas legislaciones de las entidades hay excluyentes de responsabilidad como violación, peligro de muerte o grave daño a la salud, que en la práctica no se aplican tanto, ya sea porque en los centros de salud se niegan a interrumpir el embarazo o porque las autoridades ministeriales y jueces lo persiguen como delito.

No hay que perder de vista que la Constitución Política de México establece, en su artículo cuarto, el concepto de igualdad, al señalar que: “El varón y la mujer son iguales ante la ley”. Además, el texto de este apartado garantiza derechos básicos como salud, alimentación, desarrollo y bienestar.

En ese mismo artículo se establece que las personas podrán decidir, con autonomía, el número de hijos que tendrán en su vida y que se protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Sin embargo, son las propias autoridades encargadas de impartir justicia, de legislar y de poner en ejecución las políticas públicas, las que violentan el principio de “igualdad” consagrado en el artículo cuarto constitucional y dejan de lado la perspectiva de los derechos humanos, cláusula establecida en México de manera tardía en el año 2011.

La desigualdad es inherente a los seres humanos, pero en aras de buscar una igualdad sustantiva, en beneficio de más mujeres de todo el país, sería recomendable que se homologaran las legislaciones locales, para garantizar el acceso a los servicios especializados de salud y a la Interrupción Legal del Embarazo.

No se trata sólo de una concesión a un sector de la población mexicana, sino de una demanda legítima y una obligación del Estado –vinculado a tratados internacionales– para evitar que las mujeres –que no sean de Oaxaca y la Ciudad de México– sean estereotipadas y marginadas.

POR NALDY RODRÍGUEZ
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