En la CDMX los grupos que se infiltran en movilizaciones pacíficas han encontrado vía libre para desestabilizar.
El botón de muestra más reciente pasa por la pasividad durante los hechos violentos provocados por un grupo de vándalos en la manifestación pacífica y legítima con motivo del quinto aniversario de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Encapuchados hicieron lo que quisieron, dañaron inmuebles públicos y privados. La autoridad permaneció omisa.
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En el gobierno de Claudia Sheinbaum escudan su inacción diciendo que no se reprimirá. Nadie en su sano juicio pediría represión. Pero me niego a pensar que la disyuntiva está entre no hacer nada -ver cómo se destruye el patrimonio cultural, se vandalizan negocios y se atacan a personas-, y la represión. ¿No hay un punto medio? ¿La Ley, por ejemplo? Hacer valer las leyes no es reprimir, evitar el daño en propiedad pública y privada no es reprimir. Cuidar la integridad de la mayoría, no es reprimir. La indiferencia sí es reprimir, pero el Estado de derecho. De los vándalos no hay mucho que esperar. Su vocación destructora está clara. A ellos nada podemos exigir. A quien sí es a un gobierno que fue electo para serlo y parece ceder la plaza.
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En la movilización del jueves, los delitos no solo fueron cometidos por quienes provocaron disturbios. Las autoridades tienen responsabilidades e incumplirlas conlleva sanciones.
El artículo 400 del Código penal federal, en su fracción 5 apunta: “Se aplicará prisión de 3 meses a 3 años y de 15 a 60 días de multa, al que: no procure, por los medios lícitos que tenga a su alcance y sin riesgo para su persona, impedir la consumación de los delitos que sabe van a cometerse o se están cometiendo”.
La jefa de Gobierno, la secretaria de Gobierno y el secretario de Seguridad, ¿no sabían que habría ataques? Es probable. ¿No los vieron por televisión mientras ocurrían? Difícil de creer. ¿Tenían medios lícitos a su alcance para impedir la consumación de delitos? Sí. ¿Los utilizaron? No. “Cometen el delito de coalición de servidores públicos, los que teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley o reglamento, impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas”, dice el Artículo 216. ¿Sheinbaum y el secretario de Seguridad Jesús Orta se coaligaron para no hacer lo que por ley era su obligación?
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Ya con la crisis encima, Orta sostuvo que se podría encapsular a grupos de encapuchados durante manifestaciones –protocolo aplicado desde hace años-. A destiempo, con la marcha por el 2 de octubre a la vuelta de la esquina, se insiste en reglas ya vistas. No es necesario. Con cumplir la ley bastaría. Pero, claro, antes Sheinbaum y su administración deberán demostrar que son autoridad y pueden ser gobierno, cosa que no han hecho.
POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN
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