Pasado el Informe de Gobierno, la presentación del paquete económico y los festejos de la Independencia, arrancan los trabajos del segundo año de la 64ª Legislatura del Congreso.
Para la glosa del Informe presidencial serán citados ocho secretarios del gabinete, incluidos los de Hacienda, Educación, Energía, Seguridad Pública y Bienestar.
El paquete económico se discutirá en las comisiones respectivas, a fin de tener aprobada la Ley de Ingresos por ambas cámaras el 31 de octubre y el Presupuesto de Egresos por la de Diputados el 15 de noviembre.
Igualmente, diputados y senadores se abocarán al desahogo de sus agendas legislativas. Y aquí empiezan los problemas, porque los temas prioritarios para la mayoría morenista resultan preocupantes en el fondo, e incluso técnicamente cuestionables en la forma. Para muestra, las leyes secundarias en materia educativa.
Esta semana la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó los dictámenes de las leyes General de Educación, del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y de Mejora Continua de la Educación y, horas después, las turnó al Pleno para su discusión. Se trata de tres proyectos de ley, más de mil 500 hojas, que los diputados no tuvieron oportunidad de leer. Al cerrar esta columna, la sesión continúa con interrupciones y tribuna tomada por diputados panistas inconformes.
El argumento de la oposición es que, presa del trillado camino de bloqueos y agresiones físicas, la “contrarreforma educativa” está encumbrando a la CNTE a costa de la educación nacional.
Con la eliminación de las evaluaciones docentes, la garantía de plazas automáticas para los normalistas y el control sindical sobre nombramientos y ascensos, el Estado cede una vez más la rectoría de la educación. Si a esto agregamos la eliminación de exámenes de ingreso y de fin de año para los alumnos, tendremos asegurados los lamentables resultados en la materia.
Previsiblemente, de aprobarse en sus términos, las leyes enfrentarán potenciales controversias constitucionales y amparos. Claramente contravienen el artículo 3º constitucional al dejar fuera el interés de los niños y privilegiar los de grupo. En este caso, una cúpula sindical disidente. Nuevamente, los estudiantes serán las víctimas colaterales de la confrontación política.
Peor aún, se estará condenando a generaciones de jóvenes a depender de dádivas y programas sociales ante la imposibilidad de encontrar trabajos bien remunerados. O quizá, de eso se trata. Queda clara la intención de la coalición mayoritaria de no dejar piedra firme de lo actuado en la administración anterior. Pero la sola destrucción no garantiza la edificación de algo mejor. Con los votos de morena, PT y PES habrán quedado sepultados la “mal llamada Reforma Educativa” y el “paradigma neoliberal”. Pero seguiremos sin ver qué hay más allá de la revancha legislativa.
Por Verónica Ortiz
@veronicaortizo