Haz tu denuncia aquí

Crimen y castigo

El gobierno piensa que la seguridad se alcanzará no confrontando a los criminales, sino gracias a un cambio de valores y oportunidades para éstos

OPINIÓN

·

A un año de su arranque, el gobierno preside sobre una situación desastrosa en materia de seguridad. Y si bien la tendencia heredada era muy mala, de cómo resuelva AMLO este reto depende el éxito de su administración y el legado de la autodenominada “Cuarta Transformación”.

En su libro 2018 La Salida, AMLO ofreció que “se sumarán el Ejército y la Marina al esfuerzo de garantizar la seguridad pública…”. Sin embargo, toda su campaña fue en sentido directamente opuesto a ello, ofreciendo amnistía a los criminales. Ante el rechazo casi unánime, fue matizando hasta que la iniciativa formal perdió visibilidad y casi se olvidó. También su secretaria de Gobernación habló mucho de legalización de la mariguana, para después abandonarla.

Con la creación de la Guardia Nacional, la aparente mano dura en seguridad, simbolizada por la militarización de la seguridad pública, llegó a un ápice nunca antes visto –ni en las administraciones del PRI que usaron profusamente al Ejército contra el narco. La Guardia Nacional de AMLO se trata de un cuerpo dirigido y entrenado por militares, conformado primordialmente por militares, y metido en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sólo como resultado de la presión de la oposición en el Senado.

Paralelamente, el discurso del Presidente migró de la amnistía a la pacificación como alternativa a la justicia. Es decir, el propósito no es que los criminales respondan por sus actos, sino pacificar al país. Y sobre este tema el Presidente ha bordado y abundado. No extraña que si AMLO se mostró conmovido por la condena a El Chapo Guzmán, insista también en la creación de un entorno donde los delincuentes “se porten bien” (frase que repitió incluso ante la masacre en Coatzacoalcos de esta semana). Y así lo entienden las fuerzas federales en su actuación, donde se escucha con toda claridad que no es tarea primordial ir tras los liderazgos criminales, sino “lograr la paz” –aunque no sea claro cómo hacerlo sin que quienes cometen delitos tan brutales paguen por ellos–.

Un nuevo límite de esta estrategia se cruzó con las reuniones denunciadas por los gobiernos de Tamaulipas, Guerrero y Michoacán, entre altos funcionarios de Segob y líderes de bandas presuntamente dispuestas a pacificarse.

Es decir, la vuelta a la amnistía. Si bien Segob se echó para atrás poco después, esta intentona indica que en el gobierno se piensa que la seguridad se alcanzará no confrontando a los criminales, sino gracias a un cambio de valores y oportunidades para éstos. No podrían estar más equivocados.

Para lograr la paz se requiere, además de la reconstrucción del tejido social, combatir la impunidad y asegurar la reparación del daño para las víctimas. Y tomar en serio el reclamo de justicia de las mujeres, los jóvenes, los profesionistas y empresarios, que ven cómo avanzan las violaciones, los secuestros, las extorsiones y los homicidios, y que exigen acabar con el miedo al daño ilimitado que les generan estos crímenes.

Ojalá se rectifique, aún es tiempo.

POR ALEJANDRO POIRÉ
*DECANO
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES Y GOBIERNO
TECNOLÓGICO DE MONTERREY

abr