Ser juez en México no es un trabajo sencillo. Impartir justicia en un país violento y agraviado por la corrupción es una función que dejará a muchos inconformes.
A finales de mayo, el gobierno de la 4T decidió que era momento para llamar a cuentas a funcionarios de la pasada administración, en quienes recaían sospechas de malos manejos de recursos públicos. Lo hicieron pasados seis meses, en los que la FGR (y lo que fue antes PGR) armó los casos, con todo el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Santiago Nieto, que ha sido una instancia clave para determinar las posibles rutas de dinero desviado. No estamos aquí para defender a nadie, pero llama la atención que los asuntos más mediáticos están cayendo en los mismos jueces.
Veamos. A finales de mayo, el primer personaje en ser colocado en la mira fue Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex. Se le acusó de cohecho, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
En julio, agentes de la FGR detuvieron al influyente abogado Juan Collado acusado de… delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Una línea que une los casos de ambos personajes es el juez de control Jesús Eduardo Vázquez Rea, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte. Es quien vinculó a proceso a Collado e instruyó el mandato de captura contra Lozoya.
Luego, está el recientemente conocido expediente de Rosario Robles. De entre todos los jueces disponibles, el juez de control asignado para conocer su caso es el ahora famoso Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de la diputada federal Dolores Padierna.
Y más reciente, el empresario argentino Carlos Ahumada denunció que el caso en contra de su esposa por supuesta defraudación fiscal correspondiente al ejercicio 2011 fue asignado al mismo juez Padierna.
No se trata de desacreditarlos, pero sí es válido preguntar por qué a ellos. Las audiencias y asuntos son asignados por medio de un sistema informático de forma aleatoria. Quizá ha sido mucha suerte de estos juzgadores. O quizá haya sido mucha la suerte de Juan Ramos López, subprocurador de Delitos Federales, en cuya oficina se han preparado estos expedientes.
En su reciente informe, el presidente de la corte, Arturo Zaldívar, ofreció independencia y autonomía. En una carta, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le habló sobre la necesidad de combatir la corrupción.
Insisto, en medio de este ambiente que demanda justicia, qué difícil es impartir justicia en México.
CONTRASEÑA: El próximo martes a las 10 de la mañana está fijada la audiencia para conocer las acusaciones contra Emilio Zebadúa, quien fue oficial mayor de la Sedesol y Sedatu en los tiempos de Rosario Robles. La Fiscalía General de la República lo ubica, junto a Ramón Sosamontes, como responsable del manejo de los recursos. Van a solicitar de inmediato orden de aprehensión.
POR CARLOS ZÚÑIGA PÉREZ
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