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Incongruencias de la Ley Garrote

Pretende criminalizar la protesta, razón por la cual es necesario emprender acciones jurídicas para dejarla sin efecto

OPINIÓN

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Quienes provenimos de la lucha social no entendemos cómo un gobierno y un partido que se dicen democráticos y de izquierda miran con buenos ojos una reforma de ley que viola el derecho a la libre manifestación, que, si bien por el momento se limita a Tabasco, puede ampliarse al resto del país.

La Ley Garrote, que aprobó el Congreso de Tabasco, con mayoría de Morena, es violatoria de la ley, pero sobre todo pretende criminalizar la protesta, razón por la cual es necesario emprender acciones jurídicas para dejarla sin efecto. El deber de la oposición es alzar la voz cuando se violentan los derechos fundamentales de la población.

Dicen los malpensados que esta modificación de ley tuvo su origen en 2002, cuando el jefe de Gobierno era quien hoy ocupa la Presidencia de la República. Durante las semanas posteriores a la aprobación de la Ley Garrote hemos visto cómo existen voces a favor y en contra, algunas incluso emanadas del mismo partido del que las aprobó, como el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, hombre congruente que abiertamente ya dijo que no se puede permitir ningún lineamiento que limite el derecho a la manifestación, a la expresión política y a las libertades.

La aprobación de dicha ley es una incongruencia que proviene de la izquierda porque criminaliza la protesta, nada más y nada menos que una de las herramientas que utilizaron muchos de los que hoy están en el poder.

La reforma sólo contemplaba sancionar las movilizaciones que obstruyeran vías de comunicación e impidieran el tránsito de vehículos y transporte público. El alcance de la misma se amplió y se le puso un objetivo muy claro: proteger la construcción de la refinería Dos Bocas. Por eso la sanción prevista es de 20 años de cárcel si la protesta tiene como propósito impedir la ejecución de obras públicas y privadas.

Si la versión original era una violación a la Constitución, el texto final incurre en un abuso de los diputados que tienen la mayoría en Tabasco.

No entendemos cómo luchadores sociales, dirigentes de organizaciones que se hicieron populares y conocidos a partir de utilizar las marchas y manifestaciones hoy traicionen sus principios.

El gobierno federal y el de Tabasco tienen la fuerza social, política y la credibilidad necesaria para iniciar la construcción de la refinería Dos Bocas y resguardar la obra, particularmente, si como dicen, traerá tantos beneficios.

Lejos de aumentar penas debieron privilegiar el diálogo, el acuerdo, el convencimiento a quienes hoy no están convencidos.

 

POR KAREN QUIROGA ANGUIANO

*INTEGRANTE DE LA DIRECCIÓN
NACIONAL EXTRAORDINARIA DEL PRD

POR KAREN QUIROGA ANGUIANO*INTEGRANTE DE LA DIRECCIÓNNACIONAL EXTRAORDINARIA DEL PRD

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