¿Es real o es un mito la historia de que está muy viva y activa una red de protección en el Poder Judicial que tuerce la ley a favor de ex funcionarios del régimen pasado?
La pregunta viene a cuento porque funcionarios corruptos del peñanietismo o con expedientes abiertos, con evidencias de desvío de recursos, enriquecimiento ilícito o lavado de dinero, han evadido la acción de la justicia con amparos.
Se puede estar de acuerdo o no con las decisiones del presidente López Obrador, pero parece estar cumpliendo con una de sus principales propuestas de gobierno, de separar el poder político del económico (y si es que está conformando el suyo, podría ser motivo de otra entrega)
Ex funcionarios y líderes como Rosario Robles, (Sedatu); Carlos Romero Deschamps (sindicato de Pemex), y Emilio Lozoya, ex director de la paraestatal, recibieron amparos de jueces para evitar ser capturados por la FGR.
Lozoya renunció, sin embargo, a la protección que le regaló un juez para ponerse engañosamente en manos de la justicia, pues se trata de una estrategia judicial para no generar antecedentes negativos que luego le impidan enfrentar los delitos que se le imputan en libertad.
Le pregunté a Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo del Senado, si es que considera que están instalados en los juzgados representantes con fuertes nexos con los personajes que representaron al Poder Ejecutivo en el sexenio de Peña.
“El Poder Judicial requiere de una revisión profunda para adecuarlo al nuevo proceso de transición. Ahí se ha concentrado una serie de vicios que deben desterrarse, como el nepotismo, el tráfico de influencias y la protección a los delincuentes de cuello blanco, así como el establecimiento de circuitos de corrupción y de venta de justicia al mejor postor. Es la reforma al sistema de justicia de una asignatura pendiente. No se podría generalizar que todos los juzgadores asumen este tipo de prácticas ilegales, pero sí comienza a estar presente en muchos casos de impartición de justicia. Urge atender este reclamo social de reformar el sistema de justicia en México”.
Suena coherente la posición del senador de Morena, pero conociendo el perfil unipersonal de AMLO y su embate contra los organismos autónomos (Coneval, CNDH e INAI), clave para los contrapesos, resulta también preocupante.
¿Cómo acabar con la corrupción y viejas inercias en el Poder Judicial sin debilitarlo para favorecer la figura presidencial y no caer en la venezolanización? Estamos en uno de los momentos más polarizados de la historia moderna.
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Uppercut: El Senado desechó ayer 18 candidaturas de aspirantes a magistrados anticorrupción propuestos por Peña en la última parte de su gobierno.
POR ALEJANDRO SÁNCHEZ
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