El primer día de este mes, mientras se llevaba a cabo el encuentro en el Zócalo por el aniversario del triunfo electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, se gestaba una protesta en el interior de la Policía Federal (PF) hasta llegar al paro y convertirse en un tropiezo mediático, laboral, de seguridad, financiero y político para el gobierno de López Obrador y para su secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo.
Sin embargo, este conflicto lleva más tiempo, pues desde el inicio de la administración actual se viene diciendo que la Policía Federal (corporación que inició en el mandato de Felipe Calderón y que consta de aproximadamente 40 mil efectivos), se había corrompido y que algunos de sus miembros están coludidos con el crimen organizado. A estos dichos se sumaron que no realizan su trabajo por falta de capacidad, tanto física como de inteligencia policiaca ni con la sensibilidad suficiente para ejercer su trabajo con pleno respeto a los derechos humanos y que, por lo tanto, era deseable la creación de la Guardia Nacional.
Hay varias perspectivas desde las cuales se puede abordar este conflicto. Primero desde el enfoque del combate a la corrupción, puesto que, como sabemos, es una bandera del Presidente y, aludiendo a ello, ha emprendido acciones como la disminución de becas al Conacyt, el desabasto de medicinas al sector Salud, el cierre de programas como las estancias infantiles, cierre de proyectos como la conclusión del NAIM o el cierre de bombas de gasolina con el despliegue en contra del robo de hidrocarburos, conocido como “huachicoleo”. Estas decisiones han traído críticas y aplausos para el Presidente, dividiendo la opinión pública, ya que, si bien existe consenso en que se debe combatir a la corrupción, el gobierno en turno ha fallado en las maneras de implementarlas.
El segundo enfoque es desde el terreno laboral, otra de las banderas de AMLO, la austeridad republicana y el recorte del gasto público. Esta medida también ha dividido al país en cuanto a la opinión ya que todas y todos los mexicanos estamos de acuerdo en que debía de haber recortes a gastos onerosos, lo que resulta contradictorio es el despido masivo y, en muchas ocasiones injustificado, en todas las entidades de federales sin revisar los perfiles de miembros del funcionariado, llegando a crear una parálisis de operación en la administración pública federal.
Así pues, como en los casos citados, el conflicto con la PF vuelve a dividir a la opinión pública del país, ya que vuelve a ser una implementación sin una previa revisión pormenorizada de cada uno de los elementos que conforman este cuerpo de seguridad. Lo que pudo haber sido una reincorporación de los buenos servidores públicos a otras entidades como el Instituto Nacional de Migración o a la misma Guardia Nacional, hoy puede generar un boquete a los cuerpos de seguridad nacional y a las finanzas públicas, puesto que los miembros de la PF ya solo defienden un único punto de su pliego petitorio, ser indemnizados de manera justa.
Una vez más el gobierno corta con hacha lo que debería ser cortado con bisturí.
POR ADRIANA SARUR
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