Una de las cosas que hace falta en este país es cumplir las leyes en materia de combate a la corrupción; mejorar algunas quizá, pero sobre todo, cumplir las que ya tenemos.
En México se cometen actos de corrupción no porque no existan leyes para castigarlos, sino porque la ley no se aplica. La clásica: el que soborna al policía de tránsito para no ser detenido.
¿De verdad creemos que no existen leyes para impedir que este común acto ocurra? Claro que las hay. El problema es que no existe un verdadero estado de derecho.
No se trata de pasar en un plumazo de penas de un año de cárcel a 10, ni tampoco encarcelar a cualquiera del que se sospeche haya cometido un delito (prisión preventiva), contraviniendo la presunción de inocencia.
Preocupa que nos han estado presentando al Legislativo cambios y cambios constitucionales y legales, que más que acabar con la corrupción en la práctica, tendrán el delicadísimo efecto de la discrecionalidad, el autoritarismo y la violación de derechos.
La Policía Federal no es el enemigo de México, como tampoco lo es el servicio público de nuestro gran país. No es abatiendo sus derechos como se va a abatir la corrupción en México ¿Querían una Guardia Nacional como parte de la estrategia de seguridad nacional? Muy bien, a hacerla pero bien. ¿Querían una Ley de Austeridad como parte de la estrategia de un correcto uso de los recursos públicos?
Muy bien, a crearla, pero adecuadamente. Se respeta la enjundia, pero no hay que atropellar, hay que hacer bien las cosas; porque en el camino se están dejando violaciones constitucionales, legales y de derechos que van a ser muy costosas y van a traer efectos contrarios a los deseados. Como en todo en la vida, los “cómos” en política pública importan. Como quedó la Ley de Austeridad, hoy un médico que ocupe un alto cargo en el sector Salud, está vetado para trabajar en el sector privado durante 10 años.
Y como se está instrumentando la Ley de la Guardia Nacional, se están violando derechos laborales adquiridos de los miembros de la Policía Federal. Los paros y marchas que vimos la semana pasada responden a que se les disminuyeron en más de 20% sueldos y prestaciones; se les pidió renunciar y firmar un contrato temporal de dos años, con lo que pierden antigüedad y derechos; se les canceló el seguro médico; se les cancelaron o disminuyeron sensiblemente los viáticos y se les modificó su régimen de descanso de cinco días libres después de cada misión a tan sólo uno.
¿Tratándolos así queremos que redoblen esfuerzos dando sus vidas todos los días por nuestra seguridad? Estamos para ayudar a que las cosas buenas salgan, pero bien, para seguir transformando en este país, pero el atropello no puede ser una nueva forma de gobierno.
POR VANESSA RUBIO
SENADORA DEL PRI
@VRUBIOMARQUEZ