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¿Y la presunción de inocencia?

OPINIÓN

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En un país donde a falta de argumentación legal y técnicas forenses de investigación, se termina por litigar en los medios de comunicación y las salas de prensa sirven como juzgados, se persigue a ciudadanos violando el derecho humano a la presunción de inocencia establecido en la Constitución.

La Suprema Corte considera que el derecho humano a la presunción de inocencia debe ser entendido como el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o no partícipe en hechos delictivos.

Dada la trascendencia de una acusación penal, la Constitución otorga al imputado derechos fundamentales a fin de garantizar que se efectúe un juicio justo, sin embargo, de nada sirven estos derechos cuando se realizan diversas acciones que tienen como finalidad exponer públicamente a alguien como responsable de un delito y condenar al denunciado antes de tiempo.

El Presidente, en sus conferencias de prensa, acusa y señala personas como delincuentes antes de ser procesados. Tal vez existan evidencias que en su momento podrán servir de prueba para condenar, sin embargo, antes de condenarlos en los medios y hacer público el caso, tienen derecho a que se les presuma inocentes.

Ello no quiere decir que dichas personas no hayan cometido el delito, lo grotesco es cómo justifican su incompetencia violando ese derecho al condenarlos públicamente antes de un juicio.Con ligereza extraordinaria, el Presidente acusa públicamente, en muchos casos sin siquiera existir una denuncia. Las autoridades serviles al escuchar el señalamiento, se abocan a integrar las carpetas de investigación de inmediato y obtener por cualquier medio una orden de aprehensión, importando poco si existen evidencias.

Todos tenemos derecho a que se presuma nuestra inocencia. La deuda con la ciudadanía para mejorar y eficientar a sus operadores es enorme, costó más de cuatro mil millones de pesos.

Actualmente, el desaseo e incompetencia en las investigaciones criminalísiticas es brutal y ofensivo, las violaciones a los derechos de los imputados son la regla. Ante la incompetencia en el procesamiento de una persona, los ministerios públicos culpan al sistema, lo señalan como puerta giratoria, piden la ampliación de catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva y lo más lamentable es que presionan a los jueces de todos los niveles para que condenen, aunque sea violando derechos humanos.

Lo anterior no es digno de un Estado democrático. Esas conductas se asemejan más a una tiranía. La presunción de inocencia es el reconocimiento de un derecho fundamental.

La inseguridad pública está en niveles históricos, sin embargo, eso no debe ser excusa para que permitamos que las autoridades que imparten justicia violen constantemente los derechos humanos de los ciudadanos, haciendo mal su trabajo, mejor capacitemos a nuestros policías, ministerios públicos, fiscales, peritos, y operadores del sistema penal, para así lograr que el delito no quede impune y se castigue al culpable.

POR JOSÉ LAFONTAINE

ABOGADO POSTULANTE