Dentro de dos días comenzará la construcción de la refinería en Dos Bocas, en Tabasco, dijo la secretaria de Energía, Rocío Nahle. Esa refinería tendría unos 20 años de vida útil. Y mientras chairos y fifís se debaten en discusiones que, la verdad, muchas veces se quedan en las redes sociales, en las calles la historia es otra. Ayer en la tarde, se discutían nueve puntos en el Congreso local. Sobre la mesa estaban diversas reformas al Código Penal, mejor conocidos en la discusión nacional como ley garrote o ley antimarchas. Finalmente se aprobó con 21 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones
Desde que fue anunciada la refinería revivieron las protestas y los bloqueos de campesinos en instalaciones de Pemex. Los que se manifiestan, reclaman daños ambientales. También se vieron una y otra vez a líderes sindicales exigiendo empleos para sus agremiados.
Y ante eso “hay que meter orden”, dijo la diputada morenista Julia del Carmen Pardo, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil. Y ¿cómo sería ese orden? ¡Con años de prisión! La propuesta inicial contempla de seis a 13 años de cárcel para quienes se opongan a la ejecución de trabajos y obras públicas.
De uno a 8 años para quienes obstaculicen vías de comunicación, secuestren o retengan un transporte público. Si el delito es cometido por un ex (o actual) servidor público, así como por ex miembros de alguna corporación policiaca, se le inhabilitará de cinco a 10 años para desempeñar empleo.
Imagínense si eso hubiera pasado cuando miembros de la Policía protestaban en la capital por su incorporación a la Guardia Nacional. En algunos casos, las penas se duplican si los que protestan están acompañados por menores de edad.
Ahora, con la construcción en puerta y las protestas en marcha, el Congreso aprueba semejante medida. ¿Ustedes creen en las coincidencias?
Ayer por la mañana el presidente López Obrador negó que esa ley haya sido promovida por el Gobierno Federal. Y debe ser cierto. Adán Augusto López Hernández, gobernador de Tabasco, fue el encargado de mandar el dictamen aprobado al Pleno para que fuera votado ayer; por cierto, en sesión extraordinaria. Piensen qué pasaría si eso se convirtiera en una ley federal. ¿Les gustaría? ¿Qué hubiera pasado con una ley así en vigencia en Jalisco, la semana pasada, cuando la gente protestaba por el aumento de 35% en la tarifa de algunos medios de transporte?
Desde el PRI en Tabasco, preparan una controversia y no descartan llegar a los tribunales. La ley garrote suena a que, con la herramienta de la prisión oficiosa, intentan calmar a los que no pueden o no deben estar calmados. Y no, eso no es orden.
La medida suena inconstitucional. Una vez que haya sido publicada, podrán presentarse legalmente las controversias. ¿Llegará a la Suprema Corte? Mientras eso pasa, cuídense en Tabasco. Así de sencillo.
POR GABRIEL BAUDUCCO
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