Esta historia empieza el 5 de junio en una reunión de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, en la que se acordó el proceso para analizar y aprobar los proyectos de la Ley General de Educación (LGE), la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, y la Ley del organismo al que se refiere la fracción IX del artículo 3o. de la Constitución.
El proceso contemplaba dos rondas de audiencias públicas de parlamento abierto, una antes de la presentación de las iniciativas y otra, después.
Desde la sociedad civil, celebramos este acuerdo, pues daba la oportunidad a todos los interesados e involucrados -niñas, niños, jóvenes, docentes, directores, asesores técnico-pedagógicos, supervisores, legisladores, autoridades educativas, sociedad civil, representantes sindicales, etc. –de opinar sobre qué debía estar en las leyes en la primera ronda y, una vez conocidas las iniciativas, presentar sugerencias o modificaciones a su contenido.
Este ejercicio no es sólo una buena práctica de transparencia y rendición de cuentas, surge también de la corresponsabilidad social que caracteriza al derecho humano a la educación; en palabras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “La efectividad de este derecho se logra mediante […] la intervención tanto del Estado, como de los particulares, así como de asociaciones civiles, en [su] promoción, protección, respeto y garantía”.
La primera ronda de audiencias se celebró con éxito los días 24, 25 y 26 de junio, se recibieron miles de propuestas escritas y se escucharon a casi 100 ponentes.
Dos semanas después, la Comisión Permanente del Congreso apresuró para que la Cámara de Diputados aprobara las tres leyes en periodo extraordinario agendado para el 25 de julio.
A raíz de lo anterior, la Comisión de Educación decidió cancelar las tres audiencias restantes por “imposibilidad material” para convocar y celebrarlas en las fechas acordadas (29, 30 y 31 de julio).
Más que imposibilidad material, lo que no había era materia, pues ni siquiera se habían presentado las iniciativas.
El 18 de julio se publicó la iniciativa de la LGE, de las otras dos leyes aún no hay nada.
El 23 de julio, Mario Delgado dijo que necesitaban más tiempo para revisar y discutir las leyes educativas, por lo tanto, no se verían en el extraordinario y sería hasta el ordinario (a partir del 1 de septiembre).
Esta historia no ha terminado, la Comisión de Educación tiene un mes para revisar y adecuar el proyecto de LGE, recibir y analizar las otras dos iniciativas, convocar y celebrar audiencias públicas, evitar simulaciones y hacer un verdadero ejercicio de parlamento abierto.
Hacemos un llamado a las y los integrantes de esa comisión para que retomen el parlamento abierto y escuchen las voces de todas y todos en la construcción de estas leyes, sólo así se garantiza el debido ejercicio del derecho a la educación.
POR SANDRA CREIXELL
DIRECTORA DE ESTUDIOS JURI?DICOS DE MEXICANOS PRIMERO
@SANDRACREIXELL
edp