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Tufos autoritarios

El poder es también, por definición, intolerante a la crítica por más democrático que sea su origen

OPINIÓN

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“Es momento de elegir de qué lado están: si del lado de la delincuencia o del lado de la seguridad”, emplazó a dos periodistas el alcalde de San Miguel de Allende, el panista Luis Alberto Villarreal, en cuyo gobierno este municipio se convirtió en el tercero más violento de Guanajuato, el estado que ocupa el primer lugar en homicidios dolosos de todo México. El ex diputado ligado a los moches también las agredió físicamente por informar sobre una protesta de policías municipales: A Antonieta Herrera, de El Sol del Bajío, le arrebató el teléfono celular, y a Ana Luz Solís, de News San Miguel, le golpeó la espalda, en represalia por estar, según él, “abriéndole la puerta o haciéndole el favor a la delincuencia”. En Guanajuato, el emblema del PAN que logró hace 28 años mediante la “concertacesión” con Carlos Salinas, las palabras de Villarreal, quien fue destituido en 2014 como coordiandor de los diputados del PAN tras ser exhibido departiendo con scorts –“ánimo, Montana”–, implican una criminalización del trabajo periodístico. En Jalisco, uno de los cinco estados más violentos del país, el gobernador Enrique Alfaro, un ex priista que ahora es líder real del partido Movimiento Ciudadano, reprimió brutalmente una manifestación contra el aumento del transporte público que, como candidato, prometió que no avalaría. Y después de tres días de silencio, reapareció en un video para ratificar la decisión que exhibió su incongruencia y elogió que sus policías cumplieran sus órdenes de reprimir: “Así de claro”, fanfarroneó el político que ambiciona presidir México. En Tabasco, entraña de Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Adán Augusto López, quien estuvo a punto de serlo por el PRI y que ahora lo es de Morena, ideó una iniciativa para castigar con prisión a quienes, con marchas y bloqueos, impidan la ejecución de obras. Aun si no se aprueba la iniciativa por la mayoría de Morena en el Congreso, López Obrador ya la bendijo: “que vamos a cerrar las calles, que vamos a cerrar las carreteras, y que así vamos a negociar, se acabó, ¡eso se acabó!” Se alega que se trata de atajar la extorsión, pero si la autoridad no cede, no hay necesidad de reformar la ley. Junto con la reforma en Baja California para ampliar de dos a cinco años el mandato del próximo gobernador de Morena, Jaime Bonilla, aprobada en el Congreso de mayoría del PAN, se trata de acciones y decisiones que tiene un tufo autoritario. Las pulsaciones arbitrarias no son patrimonio de un partido o un político, sino consustancial a ellos. El poder es también, por definición, intolerante a la crítica por más democrático que sea su origen. Todo periodista honrado sabe que en democracia no hay intocables, pero es la sociedad, no políticos ni gobernantes, la que premia y sanciona su trabajo que exhibe los abusos. Como el panista Villarreal, López Obrador también pide a los periodistas definir de qué lado estamos. Y aquí no hay duda: Sólo el periodismo libre es transformador y el servil, el que se rinde al poder, es sinónimo de inmovilismo.

POR ÁLVARO DELGADO

ALVARO.DELGADO@PROCESO.COM.MX

@ALVARO_DELGADO

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