Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, consumó una segunda y gravísima violación constitucional en unos cuantos días.
Aún no acabamos la discusión sobre el escándalo constitucional en Baja California, por aumentar el periodo del próximo gobernador, cuando el Congreso de Tabasco avaló otra violación a la Constitución y a uno de los derechos fundamentales.
Promovida por el gobernador Adán Augusto López, de Morena, aprovechando su mayoría en el Congreso tabasqueño, la llamada Ley Garrote contempla criminalizar la protesta pública. La reforma al Código Penal contempla sancionar con hasta 20 años de cárcel a quienes extorsionen o bloqueen empresas públicas o privadas.
Otro artículo de la Ley Garrote estipula: “Al que careciendo de facultad legal, impida o trate de impedir por cualquier medio, la ejecución de trabajos u obras privadas, se le impondrá prisión de seis años a 13 de años” y multa. Quien obstruya el acceso de personal o de maquinaria al lugar destinado para la ejecución de trabajos u obras será sancionado con las mismas penas.
El secretario general de gobierno de Tabasco intentó atenuar las críticas que se produjeron como cascadas en redes sociales y medios de comunicación. Argumentó que se trata de impedir las extorsiones de parte de seudo sindicatos en detrimento de la inversión privada.
“Se prevén penas de 10 a 20 años al que para procurarse a sí mismo o a un tercero un lucro indebido o un beneficio, obligue por cualquier medio a una persona a dar, hacer, tolerar, o dejar de hacer algo en perjuicio de su propio patrimonio o el de otra persona”. La modificación a la iniciativa prevé la creación de un nuevo tipo penal para sancionar las extorsiones. Sin embargo, eso no es todo.
Cómo debemos interpretar eso: “cualquier persona que carezca de facultad legal, impida total o parcialmente libre tránsito de personas”, se le impondrá prisión de uno a cinco años. La pena se doblará cuando se utilice menores de edad o haya violencia. Si alguien destruye o daña algún medio local de transporte de transporte público de pasajeros o de carga se aplicará prisión de dos a 10 años.
Quien dificulte el servicio público local de comunicación, obstaculice las vías, retenga unidades o les impida el paso de algún modo, podría estar encarcelado de uno a 8 años. Detrás de esta violación al derecho constitucional está el miedo de Morena y el gobierno federal a las protestas que puede generar la construcción de la refinería de Dos Bocas. No es casual que el Congreso tabasqueño avalara esa reforma cuando está por comenzar la construcción de la obra.
La contradicción es evidente. ¿Ya olvidamos 30 años de marchas (1991), toma de pozos petroleros (1996), plantones en el Zócalo y el bloqueo al Paseo de la Reforma, en 2006? Si el PRI hubiera hecho esas modificaciones al Código Penal hace algunos años, López Obrador no sería hoy Presidente de México, estaría en la cárcel.
POR ALEJANDRO CACHO
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