La creación, desde el Estado, de instituciones o proyectos verificadores de información y noticias puede derivar en herramientas de censura ante la crítica o de propaganda a favor de las acciones gubernamentales, es decir, en un instrumento de desinformación.
En julio de 2018, en Egipto se aprobó una ley para bloquear páginas web o cuentas de medios sociodigitales que difundan “noticias falsas”. La medida tiene un detalle nada menor: el encargado de definir qué es falso o real es el propio gobierno egipcio.
Meses antes, en abril, en Malasia se aprobó una ley que impone hasta seis años de prisión a quien sea sentenciado culpable de difundir información falsa. La medida ha sido rechazada por grupos como Human Rights Watch al considerarla una vía posible de censura.
En Singapur, en mayo de 2019, se aprobó otra más que permite al gobierno exigir correcciones, ordenar la eliminación de contenidos o bloquear sitios web si considera que vulneran el interés público. En Filipinas se presentó una iniciativa similar en 2017, en la que se proponía castigar a quien difundiera información que “desprestigie”.
Leyes similares existen en Burundi, Rusia, Costa de Marfil y Bahréin. Todas han sido criticadas por organismos internacionales que defienden el estado de Derecho.
Si bien los ejemplos anteriores son casos extremos, en naciones democráticas como Estados Unidos o Francia, los presidentes Trump y Macron, respectivamente, han recurrido a descalificar la crítica a sus gestiones señalándola como falsa o engañosa, igual que ha hecho en México su homólogo, Andrés Manuel López Obrador.
Frente a ese contexto, el surgimiento de un proyecto de verificación desde la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) llama la atención sobre los riesgos que podría implicar en materia de desinformación:
¿Cómo calificará o descalificará la agencia la información publicada en medios sociodigitales y tradicionales sin convertirse en escudo conveniente para el Estado?
Hasta ahora, Notimex ha ignorado la revisión del discurso oficial y publicado como verdades absolutas los dichos del Presidente mexicano, aun cuando en más de una ocasión éste ha incurrido en usar datos imprecisos, engañosos o abiertamente falsos.
En ese sentido, el proyecto propuesto por Notimex carece de parte de la esencia que ha impulsado hoy día decenas de fact-checkers en el mundo: la revisión del discurso oficial ante un debate público contaminado desde la confrontación entre el Estado y la oposición.
Y se abroga además un papel que no le corresponde, porque no es el Estado quien debe calificar o descalificar, sino sus contrapesos: la sociedad civil organizada y la prensa.
Si el Estado quiere combatir la desinformación, debería empezar por evitarla y, al mismo tiempo, impulsar iniciativas para reeducar a la población sobre cómo leer los medios informativos.
POR LUIS R. CASTRILLÓN
ESPECIALISTA EN DETECCIÓN DE DESINFORMACIÓN Y NOTAS FALSAS
@LRCASTRILLON
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