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Los huecos de la política antilavado

Entran en vigor disposiciones para prevenir el blanqueo de capitales con muchos pendientes por resolver

OPINIÓN

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El pasado 21 de junio entraron en vigor disposiciones en contra del lavado de dinero en México, sobre todo aquellas que tienen que ver con la autorregulación de empresas que realizan operaciones vulnerables, como inmobiliarias, constructoras, joyeras y servicios de outsourcing, entre otras. La mayoría de las veces pensamos en el lavado como un delito de cuello blanco, sin sangre. Sin embargo, el blanqueo de capitales tiene delitos subyacentes: prostitución, trata, narcotráfico, contrabando y secuestros, por mencionar algunos. Así que de blanco y sin sangre no tiene nada. Otra idea errónea es que combatir ese ilícito sólo está en manos de las autoridades; no obstante, hay medidas para prevenirlo y éstas requieren de la participación de empresas privadas no sólo de instituciones bancarias o autoridades. ¿Qué es mejor: tener un hospital a la mano para operar a un niño que se cayó de un árbol o contar con medidas para prevenir que el niño se suba al árbol? De acuerdo con expertos en la materia, la prevención es como una red para contener todas las operaciones que tienen como fin ocultar el origen ilícito de los recursos. El problema es que la única red que existe está integrada por los hilos de los bancos, que resulta insuficiente, y lo demás no funciona. Para que se cierre el tejido completo, se deben sumar aquellos que se dedican a las actividades con las que tradicionalmente se lava dinero, o bien aquellos bienes que les gusta comprar a los que obtienen recursos ilícitos, como casas, joyas, aviones, autos, etcétera. Todas esas actividades están reguladas en la ley antilavado desde 2013; sin embargo, los “hilos” siguen sin “funcionar”. En 2017, el Grupo de Acción Financiera Internacional emitió el resultado de la evaluación a México y una de sus principales observaciones fue precisamente que no estaba funcionando esa red. No presentaban reportes, no tenían conocimiento claro sobre su participación en la prevención y cuando reportaban, no servía de mucho. Por esa razón, la ley fijó una serie de obligaciones para implementar programas de autorregulación, con las que todos los involucrados podrán ponerse al corriente. Hasta ahí la cosa suena bien. El problema es que todo esto implica la revisión, actualización y generación de reportes hasta de seis años atrás. Además de eso, se requieren sistemas automatizados que faciliten el cumplimiento. Lamentablemente, hay muchos sistemas en el mercado para el sector financiero, pero son muy escasos para otras empresas del sector de actividades vulnerables. La realidad es que cada vez será más la demanda y el reto está en que todo eso no incremente el costo operativo de las empresas, de lo contrario, seguiremos en el cuento de nunca acabar. *** Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “La riqueza es como el agua salada; cuanto más se bebe, más sed da”. Por ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO