La seguridad es la principal exigencia ciudadana y el reto más importante para el gobierno. En la encuesta que publicó El Financiero a un año de la victoria de López Obrador, 55% de los mexicanos reprueban el manejo en materia de seguridad, mientras que sólo 26 por ciento lo aprueba. En la CDMX, el escenario es más crítico, como reporta la encuesta de El Universal, en la que 86.5% de los capitalinos consideró que los avances en seguridad son pocos o nulos.
Frente a este escenario la llegada de la Guardia Nacional (GN) a la capital, que la jefa de Gobierno había rechazado inicialmente, enciende aún más los focos de alerta porque indica que, a pesar de las capacidades policiales con las que cuentan (muy superiores a las de cualquier otra entidad), las autoridades capitalinas están siendo rebasadas. Además, resulta paradójico el despliegue de la GN precisamente ahora, cuando la ciudad está en el proceso de construcción de un nuevo modelo de seguridad ciudadana, derivado de la Constitución local y que supuestamente está encaminado a crear políticas que hagan énfasis en los derechos humanos, la prevención y la proximidad social, por encima de las visiones centradas en el uso de la fuerza y las acciones punitivas.
La Ley de Seguridad Ciudadana, trabajada por legisladores y autoridades locales, implicaría una labor de fondo e indispensable para dotar a la ciudad de instituciones más sólidas y las condiciones para recuperar el terreno perdido ante la delincuencia y garantizar la seguridad en el mediano y largo plazos. De ahí que la presencia de la GN deba ser parte complementaria de estos procesos, y no como una salida fácil ante la crisis de seguridad. La única solución duradera –no sólo para la ciudad, sino para el resto de los estados– está en generar y el fortalecer capacidades locales, tanto para prevenir como para erradicar la delincuencia. Por eso, el despliegue de la GN debe darse de manera paralela a un plan intensivo de reconstrucción y fortalecimiento institucional. De manera que el respaldo federal permita abrir un compás de tiempo que la ciudad aproveche para crear y multiplicar capacidades policiales propias.
Es necesario establecer una ruta de acción clara para la participación de las fuerzas federales. Particularmente, que se definan con puntualidad los plazos, objetivos y la estrategia de la GN, determinando parámetros y protocolos para su actuación, así como los términos, tanto de su entrada como de su salida de la CDMX. Sería equivocado ver en la GN una “solución permanente”, lo que daría pie a profundizar la dependencia de la ciudad respecto del apoyo federal.
Si bien ante el reto de la violencia es necesaria la coordinación entre órdenes de gobierno, la ciudad no puede ni debe claudicar en la responsabilidad de garantizar la seguridad de sus habitantes. Es una obligación primordial y es parte esencial de la autonomía que hemos ido ganando. La apuesta debe ser: desarrollar y poner en marcha un modelo de seguridad propio, acorde con nuestras realidades y desafíos, y no en acciones efectistas que se quedan en lo inmediato, pero no inciden en la raíz de los problemas.
Por Guillermo Lerdo de Tejada
La Guardia Nacional en la CDMX: Riesgo e implicaciones
A pesar de las capacidades policiales de la Ciudad de México, sus autoridades están siendo rebasadas