Hoy México vive un nuevo ataque a su sistema democrático y las instituciones están a prueba. Baja California, en nuestra historia, el primer estado que tuvo transición democrática, está siendo traicionado por sus autoridades y ante el intento de alargar ilegalmente el mandato del gobernador electo, algunos callan con silencio cómplice, algunos apoyan cínicamente el atropello y otros muchos nos oponemos abiertamente esperando que el sentido común y el espíritu democrático prevalezcan. No se trata dereelección, eso al menos requeriría que los ciudadanos volvieran a votar. Se trata de ampliar en más del doble el periodo para el que fue electo el nuevo gobernador y eso es totalmente ilegal y anticonstitucional.
Para empezar, los ciudadanos ya votaron y votaron por un gobernador que durará dos años, cambiar la ley ahora para que se extienda el mandato, viola el principio de no retroactividad, ya que están intentando cambiar un hecho consumado.
Por otro lado, el proceso legislativo local en el que se llevó a cabo la modificación está totalmente viciado. Sesiones en la noche, fuera del recinto y en una temporalidad que busca absolución por confusión. Los legisladores locales lo aprobaron hace unos días, pero al cierre del presente escrito todavía no mandan la reforma al gobernador, que ya anunció que no la publicará. Una vez que la envíen, el gobernador tiene 10 días para regresarla al Congreso local pero el primero de agosto cambian los legisladores locales y la reforma (que puede ser publicada por el legislativo local sin la aprobación del gobernador), tendría que ser publicada por las nuevas diputadas y diputados locales, duplicando el número necesario de enemigos de la democracia para hacerla realidad.
Después de que todo pasara, la batalla se iría al terreno legal y la Corte seguramente no lo aprobará. Aquí el punto es quién está intentando romper con las reglas democráticas y son la presidenta de Morena y el gobernador electo, Yeidckol Polevnsky y Jaime Bonilla. No es una batalla nueva, desde hace más de un año lo intentaron. El presidente López Obrador dice que no está detrás, pero si no lo estuviera, no se estaría intentando y no veríamos a la presidenta de su partido caer en argumentaciones absurdas defendiendo la medida. Olga Sánchez Cordero dijo que, como ministra en retiro, es inconstitucional pero que como secretaria de Gobernación respetará el atropello, declaración que sólo cabe en un régimen abiertamente autoritario.
Un último dato curioso es que cada vez que la palabra “reelección” se repite en los medios, el presidente López Obrador firma un compromiso para no reelegirse. Ahora hasta lo hizo con notario público copiando la estrategia de Peña Nieto de “te lo firmo y te lo cumplo” pero que un notario verifique la firma no quiere decir que el firmante esté obligado a cumplir… ahí están los compromisos notariados de Peña Nieto como ejemplo de que no es una garantía de cumplimiento.
Además, lo que se está impulsando en Baja California no es una reelección, es una ampliación de mandato y eso es todavía más antidemocrático. Si el presidente López Obrador quiere comprometerse con la democracia, lo puede hacer anunciando (y en caso de que se publique la reforma en Baja California, firmando) una acción de inconstitucionalidad a través de su consejería jurídica; cualquier otra acción sólo es propaganda.
POR JUAN CARLOS ROMERO HICKS
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
@JCROMEROHICKS
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