Cualquier capacidad de sorpresa queda rebasada con los acontecimientos de las últimas semanas en Baja California, respecto al ataque constitucional que vulnera con flagrancia al Estado de Derecho.
Las acciones del Congreso local en esa entidad violan el principio de certeza, dado que previo a las elecciones para gobernador se fijó constitucionalmente la condición para que el periodo de quien resultara electo tuviera un gobierno de dos y no de cinco años. Con esas reglas los votantes tomaron su decisión y ganó Jaime Bonilla, a quien con artimañas le han fabricado un quinquenio.
El presidente López Obrador ha pedido no se le involucre, sin embargo, juró hacer respetar la Constitución, por lo que está obligado a condenar y combatir tal abuso. Por otro lado, no le falta razón al señalar la actitud hipócrita de la oposición, principalmente del PAN, que ahora se rasga las vestiduras, pero que no puede ocultar que nueve de sus legisladores, siendo mayoría en Baja California, votaron a favor del histórico atropello. Misma circunstancia ocurre con el PRI; las directivas nacionales de esos partidos tienen que cargar con el descrédito que les han propiciado diputados de su mismo signo, aunque ahora los expulsen y quemen en leña verde.
El 24 de julio el Congreso local declaró la validez de la reforma en una sesión igual de indignante que la del asalto inicial. Los municipios de Tijuana y Mexicali presentaron apresuradas controversias constitucionales que fueron desechadas correctamente por la Comisión de Receso de la Corte, integrada por los ministros Juan Luis González Alcántara y Jasmín Esquivel.
Las demandas atacaban el procedimiento de aprobación, y como no se había agotado el trámite legislativo, los ministros las declararon notoriamente improcedentes. La clave está en la publicación de la reforma, que el gobernador Francisco Vega dijo no tramitará, lo que provocaría que el propio Congreso de la entidad tenga que hacerlo.
PRI y PAN tienen listas acciones de inconstitucionalidad para revertir la ampliación de mandato, sin embargo, la reforma debe publicarse para activar la intervención formal de la Corte con eficacia. La estrategia más inteligente se debería fincar en que la reforma sea publicada a la brevedad, y así permitir el ingreso inmediato de las acciones a la SCJN, que tendrá la última palabra para revertir el regalazo a Bonilla, basándose en precedentes muy claros que estoy seguro permitirán anular el abuso en BC.
EDICTOS
El final de Carlos Romero Deschamps como líder todopoderoso del sindicato de Pemex está cerca. Los avisos están dados, fincarle responsabilidades penales y administrativas al líder tampiqueño de 76 años de edad sería un extraordinario e irreprochable golpe de AMLO contra la impunidad. ¿Será por las buenas o por las malas? El gobierno federal tiene expedientes completos y pruebas suficientes para tomar la decisión.
Hasta el jueves.
POR ENRIQUE RODRÍGUEZ
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