Tras la reunión sostenida entre el secretario de Relaciones Exteriores de México y el secretario de Estado de Estados Unidos para revisar el avance de cumplimiento del acuerdo migratorio entre ambos países, un tema que salió a relucir fue el tráfico de armas y una propuesta binacional para su atención.
No es la primera vez que los gobiernos de ambos países abordan este problema que afecta principalmente a México, toda vez que en Estados Unidos está permitida la compra-venta y portación de armas de fuego automáticas, incluidos fusiles de asalto.
En contraparte, la legislación mexicana es de las más estrictas a nivel Latinoamérica, toda vez que en nuestro país ningún particular puede producir, importar, exportar o comercializar armas de fuego sin la intervención directa de la Secretaría de la Defensa Nacional. La Ley Federal de armas de fuego y explosivos es muy clara y delimita el calibre de las armas que puede poseer y portar la población civil, así como aquellas que son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Las mismas corporaciones policía (de naturaleza civil) están sujetas a estrictos controles de adquisición, registro, resguardo y uso de armas de fuego y municiones por parte de su personal. En cuanto a los explosivos, el control también se encuentra sujeto a control militar.
Además, a partir de febrero de 2019, la portación de arma de fuego sin licencia es sancionada con prisión preventiva oficiosa luego de que el Congreso de la Unión aprobara esta medida legal.
El verdadero problema de las armas de fuego en México deriva de aquellas que están fuera del registro y control por parte de la autoridad, la mayoría de las cuales llegan a México de manera ilegal procedentes de Estados Unidos, sin que el vecino país pueda hacer mucho.
Un estudio elaborado por la Cámara de Diputados en abril pasado estima que en el país circulan sin control 12 millones 750 mil armas de fuego, mientras que las registradas ascienden a dos millones 250 mil, en total 15 millones de armas. En junio la página de la organización gunpolicy.org reportó que en México existen 10 millones 500 mil armas sin registro y tres millones 100 mil con registro, en total 13 millones 600 millones de armas.
Si bien estas cifras difieren por un millón 400 mil armas, dan una clara idea al lector acerca del tamaño del “mercado ilícito” que nutre a los grupos criminales que cotidianamente cometen delitos.
La relevancia en la actual coyuntura radica en que el miércoles 23 de julio el Presidente por primera vez aceptó que una parte de los homicidios dolosos son cometidos por el crimen organizado.
Lo anterior sí podría ser el punto de inflexión en la estrategia para enfrentar la violencia y la delincuencia, más allá de los plazos para revertir la incidencia de homicidios dolosos.
El reto es cómo sacarlas de circulación y evitar que con ellas se sigan cometiendo todo tipo de delitos, en particular los homicidios perpetrados con arma de fuego, que al primer semestre de 2019 ya representan más de 70 por ciento de los 14 mil 603 casos.
Por Facundo Rosas
*Excomisionado de la Policía Federal
edp