Provoca cierta incomodidad darse cuenta de que algunas declaraciones y acciones de gobierno que provocan una fuerte reacción en la opinión pública, en realidad son intencionales para medir el nivel de aceptación o rechazo de una propuesta.
Aunque el planteamiento revive la idea del “titiritero” que siempre mueve todo lo que sucede en nuestro país, es claro que en política nada es casualidad y mucho menos cuando se trata de la eterna ambición de quienes llegan al poder, de cualquier partido político, de extenderse en su mandato.
El decreto 112 de reformas a la Constitución Política del Estado Libre y soberano de Baja California, aprobado el pasado 8 de julio por el que se amplía el periodo de Jaime Bonilla Valdez, gobernador electo del Movimiento de Regeneración Nacional de dos a cinco años, no es otra cosa, desde mi punto de vista, que un experimento político, social y mediático, para medir el nivel de aprobación, rechazo o indiferencia de una acción que busca justificar, por la vía legal, un acto de profunda corrupción.
Contrario a lo que se pudiese pensar en torno a que la política es una disciplina que después de elecciones federales poco importa a la sociedad, se demostró el rechazo generalizado a una decisión obsenamente violatoria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se trató de justificar de múltiples formas: que si era la voluntad del pueblo de Baja California tener como gobernador a Bonilla por cinco años y no dos, que si es una locura hacer elecciones cada dos años, que si las decisiones de los congresos son inatacables.
Los argumentos en contra fueron más sólidos. Jorge Carlos Ramírez Marín diputado por el PRI fue muy claro al plantear que con la decisión de extensión de un periodo de gobierno se violenta el artículo 40 constitucional y el extenso artículo 41 que establece las reglas electorales de nuestro país.
Pero la negativa más contundente fue de los propios “morenistas” que impulsaron en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, apoyados por todos los partidos de oposición, un punto de acuerdo para dejar sin efecto el decreto de reforma de extensión de mandato aprobado por el congreso de Baja California.
El dictamen hace un llamado al actual gobernador Kiko Vega y el propio Congreso a no publicar la polémica enmienda.
Es claro que, con el exhorto de diputados, senadores y eventuales controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la extensión de mandato no pasará. Pero el experimento está hecho, las reacciones están medidas. Extenderse en el poder por la vía legal es imposible. A ver que otra forma se les ocurrirá.
Corazón que sí siente
Clara fractura entre Javier Duarte y los priistas del anterior gobierno federal. Mutuamente se han traicionado. Habrá que ver cuántos “videítos” más tiene “Javidú” y quién más saldrá raspado.
POR JESÚS MARTÍN MENDOZA
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