Garante último del derecho ala educación

En los próximos días, el Ejecutivo Federal presentará sus propuestas de leyes secundarias derivadas de la reforma al artículo 3 constitucional en materia educativa. Hemos llegado al “momento de la verdad” –o el primero de varios– en el cual veremos cómo esta administración plantea transformar el sistema educativo en el país. Si la Constitución nos presenta la aspiración de hacia dónde queremos ir –el “qué”–, las leyes reglamentarias deben establecer los detalles que nos guiarán para llegar ahí, los “cómos”. Este paquete de leyes, que incluye una nueva Ley General de Educación, así como del Sistema para la carrera de las maestras y los maestros y del Organismo para la Mejora Continua de la Educación, debe asegurar que “el Estado” –en sus distintos órdenes y niveles– tenga las herramientas necesarias para garantizar a cada niña, niño y joven (NNJ) en México, su derecho a una educación equitativa, inclusiva, intercultural, integral y “de excelencia” (como marca la misma Constitución). Estas leyes deben concretar quien, dentro de la noción abstracta del “Estado”, tiene que hacer qué para asegurar que todas y todos puedan estar, aprender y participar en la escuela. Este tema no es menor. Una serie de anuncios en las últimas semanas han puesto en tela de juicio la necesidad de fortalecer y esclarecer las responsabilidades educativas desde el marco legal. El derecho de las NNJ exige que puedan aprender lo que quieren y necesitan; el Estado debe garantizar, por un lado, que las mismas NNJ puedan participar en esta definición y, por otro, que haya un marco común para asegurar un piso parejo de oportunidades de aprendizaje para todas y todos, no importa quiénes sean ni dónde estén. El anuncio de que 60% de las escuelas en Michoacán utilizarán libros de texto “alternativos” desarrollados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) representa una invasión por un grupo de particulares en las responsabilidades del Estado, exigidas por el marco de derechos humanos y establecidas en la ley actual. Asimismo, se ha anunciado la creación de un programa para transferir los recursos y la toma de decisiones sobre la infraestructura escolar a comités escolares y así desaparecer al Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED), hoy en día, el representante del Estado responsable no sólo de proveer recursos, sino también de garantizar la seguridad física de las personas en las escuelas. La legislación secundaria tendrá que aclarar –en ausencia de esta instancia– quién será responsable de establecer los criterios de seguridad, accesibilidad y equidad, así como de certificar las condiciones físicas en las escuelas. Éstos son sólo dos ejemplos recientes que sirven para recordarnos que el garante último del derecho de todas y todos a la educación (así como de los demás derechos humanos) es el Estado. Que la legislación secundaria no deje lugar a dudas. Por Jennifer L. O´Donoghue