Baja California: tufo autoritario

Ampliar el periodo de gobierno en Baja California sería una vergüenza autoritaria de la Cuarta Transformación, además de revivir formas de hacer política que ya deberían estar eliminadas. Si la 4T busca un verdadero cambio democrático, son ese tipo de prácticas las que ya no cabrían en un Estado de Derecho con respeto a la Constitución. Hoy el debate está dando tumbos entre argumentos realmente absurdos: que si la boleta no dice si se vota por 2 o por 5 años; que la extensión la pide la ciudadanía; que el elector está cansado de votar cada dos años; que fue el Congreso del estado el que lo aprobó con la mayoría panista; en fin. Ahí no está el problema. En términos institucionales, la decisión de limitar el gobierno a dos años fue aprobada cuando se modificó la Constitución de Baja California y en uno de sus transitorios se estableció la duración del gobierno que se elegiría en 2019. Después, Morena buscó ante el Tribunal Electoral local ampliar ese período a 5 años, cosa que logró. Sin embargo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la ampliación del periodo. La elección se realizó bajo esas premisas; así lo sabían los electores y los candidatos. Dado el interés de Morena por extender el periodo, no sorprende que buscaran un tercer camino para lograrlo, esta vez a través de una Reforma a la Constitución local, aunque para ello haya sido necesario “convencer” a 21 diputados panistas para alcanzar la mayoría necesaria. Esa es otra vergüenza. No hay evidencia pública aún, que haya habido algún tipo de “pago” por los votos de los panistas. El hecho es que esa especulación está en todos los medios e incluso se han solicitado investigaciones al respecto. El resultado es el mismo: que un Congreso local se preste a realizar una reforma que viola flagrantemente el Estado de Derecho y que ello beneficie a un gobernador electo de la Cuarta Transformación; es una vergüenza para la democracia. Es evidente que se legisló a favor de una persona. Algunos dirían que no es la primera vez, si recordamos a la responsable del SAT o al director del Fondo de Cultura Económica. Pero en este caso se trata de un gobernador en cuya elección está directamente involucrada la voluntad popular. Los actores políticos tienen ahora una altísima responsabilidad: acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y utilizar los recursos legales para que los jueces supremos detengan el atropello cometido. Los recursos deben de elaborarse correctamente y tener rigor jurídico para no dejar lugar a ninguna duda sobre la interpretación correcta. Partidos de oposición han anunciado que procederán en ese sentido. Ojalá que así ocurra. La Suprema Corte tiene una responsabilidad mayor: además de dejar en claro el absurdo, hacer de su resolución una pieza jurídica que haga ver la necesidad de respetar las leyes, fortalecer a las instituciones y hacer valer la voluntad popular. De otra manera, el tufo autoritario de Baja California podría extenderse a todo el país. POR ARTURO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ *Decano asociado de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey @ARTUROSANCHEZG