Crecimiento alarmante de recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha registrado en los primeros seis meses de este año, producto de ese “voluntarismo” con el que el ex secretario de Hacienda Carlos Urzúa definió a las políticas de gobierno.
De acuerdo con el Poder Judicial se han presentado 69 acciones de inconstitucionalidad y 176 controversias constitucionales. En el primer caso, es 395% más de las que acumuló Enrique Peña en los primeros seis meses de 2013, y en el segundo 259% más.
El episodio más reciente de ese “voluntarismo” es la ampliación del mandato, de dos a cinco años, para el gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, aprobado por el Congreso del estado, con votos de siete diputados del PAN, partido que insiste en señalar que es el ensayo de Morena para alargar el periodo presidencial, sin pasar por una engorrosa reforma para permitir la reelección.
En Morena, por su parte, se echó a andar una narrativa para usar a su todavía dirigente nacional, Yeidckol Polevnsky, como chivo expiatorio al que se atribuirá la chicanada legislativa. Le cargarán el milagrito, siendo que va de salida para dejar las riendas del partido a Bertha Luján, de todas las confianzas del Presidente.
Yeidckol se presta para ello: salió a declarar que “la gente está cansada de tanta elección y yo creo que eso tendría que cambiar” y hasta los mismos morenistas, como Alejandro Rojas Díaz Durán, su rival en la contienda por la Presidencia de Morena y cercano al líder de su bancada de senadores, Ricardo Monreal, la calificó de “chavista”.
Sin embargo, en el Senado no se prevé que avance la desaparición de poderes que propone el líder de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, porque ello implica, nos dicen, inhabilitar de facto a Bonilla y a los 25 diputados locales, nombrar un interino (de una terna que envíe el Presidente) y que éste convoque a nuevas elecciones para gobernador y Congreso.
A estas alturas, el asunto todavía está en las manos del actual gobernador Francisco Kiko Vega, quien anunció que vetará lo aprobado por su Congreso y no publicará la ampliación del mandato en el Diario Oficial.
De no ser así, la resolución quedará en el terreno de la Suprema Corte, ante la cual todos los partidos de oposición, prácticamente, interpondrán acciones de inconstitucionalidad para revertir la ampliación del mandato a Bonilla.
Ven muy probable que el máximo tribunal del país frene este golpe a la democracia y al orden constitucional. Pero el voluntarismo se queda, como sello de la cuatroté.
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EN EL VISOR: Esta semana, dice el PAN, expulsará a sus diputados de Baja California que votaron la Ley Bonilla: José Félix Arango, Carlos Torres Torres, Alfa Peñaloza Valdez, Iraís María Vázquez Aguiar, Ignacio García Dworak, Raúl Castañeda Pomposo y Sergio Tolento Hernández.
Por Raymundo Sánchez Patlán