Un factor importante por el que la democracia pasa por niveles bajos en confianza alrededor del mundo, es debido a la debilidad institucional, es decir, un marco institucional que no cumple adecuadamente con su función hacia la ciudadanía. Esto se debe a la falta de planeación, presupuestación enfocada en cumplir con los objetivos y, también, a la percepción que tiene la ciudadanía de los servidores públicos, por su falta de capacidad para el cargo, escaso compromiso o bien, que éstas se presten a actos cotidianos de corrupción. En ocasiones esta percepción puede llegar a ser verdad, pero la realidad es que las necesidades de la población superan al funcionariado.
Tener un gobierno austero no es mala idea, pero para llevar a cabo esta encomienda, es necesario basarse en las nuevas tecnologías, buenas prácticas internacionales, así como seguir al pie de la letra una planeación pormenorizada. Sin embargo, cuando se implementa de manera generalizada, puede propiciar parálisis dentro del gobierno, puesto que se deja de cumplir con obligaciones básicas de la administración, como el abasto a medicinas en las instituciones públicas o se detiene el diseño e implementación de políticas públicas. Lo anterior se incrementa cuando los lugares vacantes en el servicio público son llenados por perfiles que no son robustos en la parte técnica, como lo manifestó Carlos Urzúa en su carta de renuncia a la Secretaría de Hacienda y, anteriormente, Germán Martínez en su dimisión al IMSS.
En la actualidad de nuestro país, se puede observar que la visión redistributiva del presupuesto hacia algunos programas o entes públicos prioritarios, pareciera que es en detrimento del fortalecimiento institucional dentro de la administración pública, al realizarse despidos masivos en las dependencias federales sin efectuar un diagnóstico previo de sus perfiles. Lo que se ha dicho desde el Gobierno Federal es que se quiere reducir la nómina en 35%, aludiendo a una austeridad gubernamental, y, a que algunos funcionarios estaban “contaminados”.
Con la ya iniciada reconfiguración de la estrategia presidencial de alinear los recursos materiales, financieros y humanos a su agenda política, como Jóvenes Construyendo el Futuro o a la construcción de la refinería en Dos Bocas y el Tren Maya, se observa la ausencia de los componentes técnicos como las reglas de operación definidas, análisis medioambientales, etc., mismas que las realizaban los expertos del gobierno y que ahora ya no están.
Aunque sigue siendo muy pronto para analizar el debilitamiento de la administración pública en este gobierno, los escenarios no son muy alentadores, ya que con la pérdida de la -expertise- dentro del funcionariado, se puede minar más la confianza en el gobierno, incurriendo en decisiones poco profesionales que lleven a malgastar el dinero público y en la limitada respuesta que el Estado debe brindar a la ciudadanía. Para fortalecer las instituciones públicas, hoy resulta necesario recordar la separación y balance entre la parte técnica y política de un gobierno para que este cumpla con su vocación social y abone a la confianza en la democracia.
POR ADRIANA SARUR
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