Todo fraude supone la realización de un acto intencional o de mala fe eludiendo una disposición legal, desconociendo un derecho ajeno o perjudicando a un tercero. En materia civil se puede considerar fraudulento todo acto jurídico que aún cuando pueda ser válido, se realiza para evitar la aplicación de una disposición legal.
La maniobra realizada por el Congreso local en Baja California para darle indebidamente tres años más al gobierno de Jaime Bonilla es indefendible bajo cualquier circunstancia, una trampa que ha tenido la capacidad de unificar en su contra la indignación nacional.
Lo aprobado por 21 diputados locales de PAN, PRI, Morena y Panal en esa entidad es un furtivo ataque constitucional que los ha hecho ingresar al salón de la infamia legislativa. Es inminente la presentación de las acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, que aunque se encuentra en receso, tiene de guardia, por así decirlo, a la ministra Yasmín Esquivel Mossa y al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para procesar la admisión de cualquier litigio que se presente ante el máximo tribunal.
Desde 2006, la Corte dejó claro que las reformas para extender o acortar los mandatos de funcionarios estatales necesariamente tendrán que ser anteriores a las elecciones en las que fueron electos. Trátese de quien se trate, el criterio es claro, y aunque era una integración distinta, el Pleno actual tendrá un caso claro cuyo resultado me atrevo a adelantar será revertir el atropello, después de que los ciudadanos en Baja California votaron para elegir un gobernador por un periodo de dos y no de cinco años.
En acciones de inconstitucionalidad se requieren ocho votos para anular una ley, no me puedo imaginar qué ministro podría votar distinto en un caso que presagia unanimidad. Con gran colmillo político, el presidente López Obrador no se ha comprometido en el caso, limitándose a decir que no fue consultado y que confía en que las instancias correspondientes intervengan. Sin embargo, ante una acción tan burda que violenta el Estado de Derecho, él sería uno de los obligados a combatirla.
EDICTOS
Joya en Guanajuato. La Fiscalía de la entidad mantiene en prisión, desde hace nueve meses a Héctor Jasso Altamirano, coacusado del homicidio del empresario Isaías Gómez López ocurrido el 30 de septiembre de 2018 en un proceso plagado de inconsistencias y que podría dejar impunes a los verdaderos culpables; así lo ha denunciado el abogado defensor del imputado, David Peña Guzmán. La única prueba de la Fiscalía, si así se le puede llamar, es una foto borrosa y oscura, tomada de un video que trata de establecer que Jasso Altamirano se encontraba en San Miguel de Allende el día del homicidio. El caso dará mucho de qué hablar y podría dar un sorprendente giro sobre los verdaderos culpables. Este servidor tomará unos días de vacaciones, Libertad Bajo Palabra regresará el 28 de julio, hasta entonces.POR ENRIQUE RODRÍGUEZ
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