El 9 de julio pasará a la historia como el “martes negro” por la cantidad de malas noticias en materia económica, de seguridad y democracia que ese día se generaron para el país, todas sin duda preocupan y reflejan la falta de un proyecto de gobierno, y la claridad de querer concentrar el poder absoluto sin importar las violaciones de ley en que se incurra.
La mañana del martes nos despertamos con la sorpresa de la renuncia de Carlos Urzúa como secretario de Hacienda, debido a las diferencias sobre el manejo de la economía con el Presidente de la República y conflictos con el gabinete. Lo dijimos ese día y lo ratifico hoy, la salida del exfuncionario se debió a la falta de proyecto y estrategia.
Unas horas antes, a kilómetros de la Ciudad de México, un duro golpe se dio a la democracia de Baja California, abriendo la posibilidad de ampliar el periodo de un gobernador electo de dos a cinco años, violando con ello los derechos político-electorales de miles de personas. Convirtiéndose en la crónica de una selección anunciada.
Lo que hicieron los diputados de la entidad es una trampa burda, un acto de cinismo y un atentado a la democracia que no vimos ni en la época de Porfirio Díaz o de los gobiernos más ambiciosos, por lo que urge la rectificación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si esto no se corrige, quedará un pésimo antecedente que permitirá violentar los procesos electorales y tener un retroceso de 100 años, regresando a los tiempos en que se originó la Revolución.
Es lamentable la conducta de los diputados. Los de Morena, que insisten en violar la Constitución de aquel estado, y los de oposición, que como viles mercaderes renunciaron a su papel de ser contrapeso y se sumaron a una reforma que da pena. A Jaime Bonilla se le eligió por dos años y así se debe mantener la ley; aferrarse a un periodo más amplio traerá descomposición y será una falta de respeto para los ciudadanos que votaron por él para dos años y no por cinco. Con esa reforma también se violan los derechos de los futuros votantes.
Por eso, en el PRD determinamos emprender las acciones legales necesarias para revertir las reformas que representan un retroceso a la democracia de la entidad. No podemos dejar pasar este tipo de actos; hacerlo sentaría un pésimo precedente en todo el país.
Así como el PRD, el resto de los partidos de oposición emprenderá acciones jurídicas, porque el acto cometido por los diputados de Baja California es un agravio en todos sentidos a la democracia, al país y a la gente que votó por un gobierno de dos años; lo haremos porque los cabildos de por lo menos tres ayuntamientos ya avalaron dicha reforma, lo que significa que no hay intención de reconsiderar por la vía política.
La determinación de tener un gobierno de dos años no es una improvisación o una ocurrencia, se trató de una reforma desde 2014 para empatar las elecciones de ese estado con las federales, como ha ocurrido en otras entidades, como Veracruz o Puebla, sin que nadie haya querido dar un albazo como hoy ocurre en Baja California.
Por Karen Quiroga Anguiano
*Integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD
@KARENQUIROGAA