Intento de vetar a consultores migratorios en California

Acusan abusos contra migrantes que buscan la ciudadanía

El fraude contra paisanos que buscan regularizar su estatus legal o enfrentar trámites oficiales es uno de los delitos más comunes entre la comunidad mexicana en EU y en los últimos días tiene de cabeza al Senado de California en una acalorada discusión por la ley AB173, que impediría a consultores que no sean abogados dar apoyo sobre trámites migratorios. A diferencia de México, donde el Ejecutivo puede quitar de en medio a consultores e intermediarios entre el gobierno y la ciudadanía, en California se necesita la aprobación del Legislativo y en esas están. Un grupo encabezado por la asambleísta de origen salvadoreño Wendy Carrillo y la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (una de las más activas en el tema), a favor de quitarlos de en medio; el otro, movilizado por un millar de consultores, para que “los dejen trabajar”. El primero argumenta que ya hay un montón de abusos, que ya cualquiera se declara consultor y se lanza a engatusar a gente humilde que desconoce las leyes, no habla inglés y termina perdiendo todo: casas, vehículos, negocios… amén de la deportación. La AB173 sugiere que sean sólo abogados y asesores legales supervisados u organizaciones gubernamentales quienes tengan los permisos del gobierno federal, y pide que esa lista autorizada sea pública, accesible en internet. La normatividad vigente sí acepta la figura de consultor privado —que prácticamente se dedican a llenar formatos— y están autorizado por el secretario de Estado de California que les exige tener un seguro por cualquier error que cometan, además de historial criminal y crediticio limpios. Desde su trinchera, los consultores afirman que la ley promovida dejará fuera a los inmigrates más pobres que no puedan pagar los servicios de los abogados certificados: el papel de los intermediarios es llevar volumen de casos a los abogados y a cambio, éstos les hacen un descuento. Por un trámite que cuesta 1,500 dólares por persona a precio del público, pueden dejarlo en 200 dólares. También dicen que ya están registrados en el estado, que la mayoría de ellos tienen récords intachables y que gracias a sus servicios unas 19,000 personas lograron la ciudadanía; un récord si se toma en cuenta que la mayoría de los mexicanos que alcanzan la residencia no quieren dar el paso a la ciudadanía por el costo y trámites burocráticos. El año pasado hubo otro intento por bloquear a los consultores (con la ley AB638), pero no tuvo éxito. O más bien, se frenó en el pleno después de su aprobación en las comisiones judicial y de presupuesto. La AB173 se encuentra ahora en esta última con apoyos de figuras como el consejal de Los Ángeles, Gil Cedillo, y la exsecretaria del Trabajo Hilda Solís, pero, aún si pasara en el pleno, tendría que autorizarla el gobernador. *Periodista POR GARDENIA MENDOZA *Periodista ORBE@HERALDODEMEXICO.COM.MX