El proceso penal, para su eficacia, requiere de una investigación capaz de neutralizar a la delincuencia

En la actualidad, México sufre las consecuencias de una criminalidad que avasalla al Estado, el uso de medios dentro de los que se incluye, sin lugar a dudas, la inteligencia y la tecnología. La delincuencia, accediendo a la sofisticación y las estrategias para variar en sus modalidades, incursiona en la ofensa masiva de diversos bienes jurídicos tutelados, generando un daño no sólo individual, sino colectivo, sembrando la zozobra y la desconfianza por parte de la ciudadanía, en las autoridades y en la institucionalidad. Debemos distinguir entre procuración y administración de justicia, pero también, y para los efectos de dar una respuesta eficiente a las altas cifras del crimen, que nos permiten concluir la comisión de diversos delitos, resulta necesario, enfocarnos en la prevención para el desarrollo de unas estrategias y lineamientos capaces de neutralizar la delincuencia, en un contexto de coordinación, comunicación y respuesta inmediata. No podemos perder de vista, que existen grupos al margen de la ley que enfocan su despliegue delictivo en la comisión de delitos del fuero común y también del fuero federal, amalgama que complica la capacidad de respuesta del Estado. En México, ocupan los primeros lugares de amenaza y lesión, contra la vida y la libertad de las personas, respectivamente: 1. Homicidios, feminicidios, lesiones, tortura, etc.; 2. Secuestro, desaparición forzada y otras formas lesivas de la libertad de las personas. Sin lugar a dudas, en este apartado se han incluido algunos de los delitos que revisten mayor gravedad y que son de más alta incidencia en el territorio nacional, dejando un mayor número de víctimas. El sistema procesal penal acusatorio y adversarial ingresa en el contexto jurídico mexicano desde el año 2008 con la reforma de varios artículos de la norma superior e, incluso algunas entidades de la República ya lo estaban aplicando desde poco antes de la citada fecha, finalmente, el C.N.P.P., permite, de forma unificada, la vigencia de un estatuto único, lo cual resulta loable, pero aun no tan eficiente en la práctica, tal y como se espera, teniendo en cuenta aspectos que deben ser evaluados y resueltos como un reto constructivo de este sexenio para el gobierno y las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia, veamos: 1. Un C.N.P.P. con aciertos y desaciertos, que se ha quedado escaso en reglas de actividad probatoria para entender la actuación de los abogados litigantes de las partes, como un esquema cierto de cargas procesales y derechos en condiciones de igualdad, punto este que redunda en el siguiente punto; 2. Criterios de los jueces tan diferentes y opuestos en asuntos similares cuando no, casi iguales, que bien pareciera, se trata de un modo de impartir justicia, desde el capricho y la arbitrariedad, donde la base de las decisiones no es precisamente, ni la motivación ni la argumentación seria, razonada y fundada en cuanto a la restricción de derechos fundamentales en la etapa de investigación, ni la solución de los casos en la etapa de juicio, emitiendo sentencias que desconocen la sana crítica y las reglas de la lógica en la actividad de las pruebas y su valoración; 3. La actividad deficiente de las fiscalías que no acuden al uso eficaz de los instrumentos legales que tienen a su alcance, y en consecuencia, se conforman con la integración deficiente de carpetas de investigación, que desconocen los más altos estándares en materia de investigación criminal; 4. Procesos penales vigentes por extensos periodos de tiempo, en donde la fase complementaria de la investigación transcurre con persona detenida, en razón a medida cautelar consistente en detención preventiva oficiosa, sin que la Representación Social pueda arribar a una hipótesis delictiva suficiente para acusar; 5. La revictimización secundaria o maltrato psicológico de quien resiente el daño en la comisión de un delito. Redunda la problemática planteada en estos puntos, en un escenario de inseguridad e incertidumbre jurídica, que en ocasiones deja burladas a las víctimas, expuestas y destruidas, o en la condena de personas inocentes que deben pagar a modo de chivos expiatorios, la deficiencia de un sistema procesal penal, mal entendido y mal aplicado por los diversos operadores. La corrupción, la intimidación del poder punitivo del estado incapaz de solucionar de modo eficaz el desafío que plantea la delincuencia a la ciudadanía, la opacidad en la detección de las cifras, la ausencia de estrategias de respuesta del Estado, la desconfianza colectiva, el sufrimiento de las víctimas, las cárceles que se atiborran de gente para lograr las más altas cifras de hacinamiento, son algunas de las consecuencias de la mala aplicación de un proceso penal que en su génesis fue bien concebido para México: el proceso penal acusatorio, pero que puesto en escena, ha tropezado con la cultura de la ilegalidad que sigue construyendo proceso penales, sobre la base deficiente de investigaciones mal elaboradas. Sin lugar a dudas, el eslabón más débil en la secuencia de puntos detectados como negativos en el proceso penal actual en México, lo debemos focalizar en la necesidad de una mejor investigación, que, con el respeto en los derechos fundamentales, pueda acudir a técnicas de identificación de partícipes y autores, el uso de la inteligencia y la estrategia, por ejemplo, aplicando métodos de vigilancia personal, agentes encubiertos, entregas controladas para atacar las incidencias de delitos tales como el narcotráfico, el tráfico de armas, y hasta el tráfico de personas, que propicie resultados de ataque contundente a la delincuencia. Debe atenderse el delito en sus diferentes aristas y modalidades, desde la inteligencia y la preparación de los diversos operadores, no desestimando la prevención, esta última, capaz de detectar cifras y generar estrategias de atención a los sectores más vulnerables de la sociedad que sufren el delito, y dé respuesta oportuna a quienes ejecutan el crimen. Por Jesús Valencia