Los gobiernos anteriores no quisieron combatir, en términos reales, el lavado de dinero para atajar tanto a la delincuencia organizada como a la corrupción y lo único que generaron fue la mayor crisis de impunidad que vive el país.
La corrupción en México es rampante y muchas empresas y funcionarios públicos se confiaron en el pacto de impunidad que existía entre la clase política que gobernó este país para desviar miles de millones de pesos de los presupuestos federales y locales. Durante los gobiernos de Fox y Calderón, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Secretaría de Hacienda, operó de manera testimonial para combatir supuestamente a la delincuencia organizada y al terrorismo.
La UIF se creó como un parapeto institucional para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que fue creado por los países de la OCDE, pero que tiene una membresía universal. Asimismo, la UIF no es un organismo autónomo, su titular tiene dos jefes políticos que tiene que atender: el secretario de Hacienda y el Presidente de la República.
Posteriormente, Enrique Peña Nieto nombró como titular de la UIF a Alberto Baz Baz, quien pasó a la historia como el gran encubridor del caso de la muerte de la niña Paullet Gebara Farah en el Estado de México, cuando fue procurador de esa entidad. Fuentes al más alto nivel en Washington, en febrero de 2018, me confirmaron su terrible malestar por la mala actuación de Baz Baz al frente de la UIF. Hay que recordar que a través de los recursos de la Iniciativa Mérida, la UIF recibió programas muy costosos para hacer análisis de redes de lavado, así como capacitación. Funcionarios del gobierno de Estados Unidos consideran que fue un desperdicio de recursos de los contribuyentes americanos el dinero que destinaron, durante la gestión de Peña Nieto, a la Secretaría de Hacienda para combatir el lavado de dinero y la corrupción.
Pese al vaticinio de una guerra comercial por parte del presidente Trump contra México, las relaciones bilaterales en materia de seguridad se mantienen al más alto nivel gracias al buen desempeño de algunos funcionarios como Santiago Nieto, titular de la UIF, que están dando una lucha frontal contra la corrupción. Basta con observar la activa colaboración que tiene la nueva UIF con la OFAC, FinCen, la División Criminal del Departamento de Justicia y el FBI para judicializar casos que competen también a EU.
Mientras el gobierno federal no tenga los instrumentos jurídicos, para hacer responsables de sus actos de corrupción a funcionarios se pueden utilizar de manera alternativa el desprestigio y daño a la reputación de la imagen de las compañías y personas políticamente expuestas por casos de corrupción. En la guerra como en el amor todo se vale.
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AGENDA ESTRATÉGICA: Recomiendo revisar la Guía sobre Programas de Cumplimiento Corporativo del Departamento de Justicia de EU contra el lavado de dinero y la corrupción: https://www.justice.gov/criminal-fraud/page/file/937501/download.
GERARDO_RSL@YAHOO.COM @GERODRIGUEZSL