El factor más poderoso de transformación social es la educación.
La realización de estudios, desde el nivel básico hasta el superior, representa un derecho humano que debe comprometer todas las capacidades de las sociedades y los Estados para su materialización.
La cobertura educativa en los niveles básicos constituye una prioridad en el plano local y en el escenario global.
En este tema, a partir de un acuerdo educativo nacional, cuyo elemento sustantivo es la reciente reforma constitucional en la materia, se comenzó con una etapa, en la cual, con nuevos contenidos y procesos de enseñanza a cargo de un magisterio nacional revalorizado, se irá cincelando una Nueva Escuela Mexicana, bajo un enfoque de derechos humanos y atendiendo el imperativo de la igualdad sustantiva.
Como ha señalado el filósofo hispano Emilio Lledó (nacido en Sevilla el 5 de noviembre de 1927), la ruta deseable es avanzar en una educación en y por la igualdad.
En este contexto, resulta comprensible que a partir del nuevo Acuerdo Educativo mencionado, uno de los aciertos del marco constitucional en materia educativa aprobado en el mes de mayo, ha consistido en situar el interés superior de las niñas, los niños y los adolescentes en el centro de una Nueva Escuela Mexicana.
Ello, a través de la institucionalización de un enfoque integral que comprenda conocimientos y valores, con cambios importantes en la carrera magisterial, para que los docentes, mediante una capacitación permanente y a través del fortalecimiento de las escuelas normales, potencien su aporte a la transformación educativa del país.
Aquí también se destaca la formulación de un Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación y, por supuesto, el perfil inclusivo de la educación, la corresponsabilidad de los padres y la obligatoriedad de la educación superior, entre otros aspectos.
La ponderación del interés y los derechos de la niñez en la Nueva Escuela Mexicana debe constituirse especialmente en el eje que defina el diseño y la aprobación de las respectivas leyes secundarias de la Reforma Educativa.
En especial, la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, la Ley General de Educación, así como la operación del organismo coordinador del sistema nacional referido. La generación de un nuevo Acuerdo Educativo Nacional que se reflejó en el avance obtenido en el máximo nivel normativo, ahora requiere como condición insoslayable dar concreción y funcionalidad a los cambios para que, de forma concertada, las nuevas leyes secundarias articulen y catapulten el papel de todos los actores inmersos en el proceso educativo, teniendo presente que el destinatario último del marco constitucional en materia educativa hoy vigente es la niñez mexicana, la cual representa nuestro futuro.
Por Rodolfo Lara Ponte