Congraciarse con los maestros requiere más que discursos o que el reconocimiento constitucional de su contribución a la transformación social. Exige conocimiento de sus demandas y, ante todo, el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado mexicano, para el cabal cumplimiento de su responsabilidad docente.
En un afán pragmático y clientelar, el lopezobradorismo está a punto de fallarle no sólo al magisterio, sino a los padres y madres de familia, y, en especial, a la niñez y a la juventud del país, quienes ante la anunciada desaparición del Instituto de Infraestructura Educativa (Inifed), ahora tendrían que responsabilizarse de la “construcción de aulas, reparación, mejoramiento y conservación de planteles… (pues) todo –informó el Presidente- se va a entregar directo a las sociedades de padres de familia, para que los padres con esos recursos, mejoren las escuelas donde estudian sus hijos”.
¿Por qué un presidente electo por una amplísima mayoría de mexicanos evade esa responsabilidad, cuando la seguridad de alrededor de 30 millones de estudiantes en planteles públicos no puede dejarse en manos de la más honrada sociedad de padres de familia, porque tal vez no tenga el tiempo ni los conocimientos para contratar, hacer y supervisar adecuadamente una obra?
El Presidente aseguró que no habrá desvíos ni corrupción, pues, además, se harán cargo del programa el director de la escuela, los maestros y algunos alumnos mayores de cuarto grado de primaria. AMLO le falla al magisterio que hoy se encuentra saturado de cargas administrativas que cumple fuera de sus horarios laborales y a una sociedad que si bien clama por espacios educativos dignos y seguros, trabaja y paga impuestos para que sus hijos estudien y el gobierno trabaje, en lugar de delegarle su responsabilidad.
Coincido con la Red Educación Derechos (RED): el Ejecutivo federal no puede arriesgar la seguridad y la vida de los integrantes de las comunidades escolares, pues “sólo los especialistas, ingenieros y arquitectos, tienen las competencias técnicas para asegurar que la construcción, remodelación y mantenimiento de las instalaciones educativas cuenten con la calidad que garantice la seguridad, salud e higiene de los usuarios finales”.
Las autoridades no pueden “lavarse las manos” y decir que cumplen haciendo transferencias de dinero, porque además de aspectos técnicos y de supervisión, se perderá lo hasta ahora logrado y también advertido por la RED: datos sistematizados, confiables, precisos y vigentes que permitan la asignación eficaz y transparente de los siempre insuficientes recursos públicos.
En México es urgente dignificar lo público y en la reforma constitucional hicimos explícita la rectoría del Estado en materia educativa. No será entregando las plazas de maestros en negociaciones sindicales, ni dinero a las sociedades de familia, como lograremos un sistema educativo a la altura de las capacidades y necesidades de sus alumnos. Se vale rectificar y de paso, congraciarse con todos.
POR ANA LILIA HERRERA
DIPUTADA FEDERAL POR EL PRI
@ANALILIAHERRERA