Si la verdad dejó de ser importante cuando se descubrió que la información era un negocio, como decía el gran periodista Ryszard Kapuscinski, estaremos de acuerdo en que tener ciudades más humanas, ordenadas, seguras y sustentables, exige decisiones fundadas en indicadores confiables y públicos.
La semana pasada se aprobó en la Cámara de Diputados mi propuesta para que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) cuente, por ley, con un Subsistema Nacional de Información de Ordenamiento Territorial y Urbano, con el propósito de generar indicadores, estadísticas, información geográfica, geoespacial y marcos de referencia a nivel nacional, estatales y municipales que incluyan acciones, obras e inversiones en cada territorio.
Esta disposición cumple un mandato de la Ley General de Asentamientos Humanos para contribuir a una mejor planeación del territorio y regularización de los asentamientos humanos.
Y es que basta una mirada al desarrollo urbano de nuestro país para reconocer, en el desorden, la carencia de análisis previos o la resistencia de la corrupción: asentamientos humanos en zonas de riesgo, ciudades dormitorio que terminan en el abandono ante la falta de conectividad y cercanía con centros de trabajo y educativos; una creciente falta de espacios públicos de convivencia y áreas verdes o ciudades pensadas para los automovilistas, sin banquetas o ciclovías, menos un transporte público rápido y menos contaminante.
Cabe señalar que en 2017, mediante un acuerdo de su Junta de Gobierno, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía modificó el Subsistema Nacional de Información Geográfica, Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial y Urbano con el que contaba, para incorporar la información estadística y geográfica necesarios en el apoyo a los procesos de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas en esas materias.
¿Por qué entonces la propuesta de ley? Porque las normas protegen nuestros derechos y nos defienden contra los abusos del poder, especialmente hoy, cuando el gobierno federal pretende desconocer la autonomía que ha sido garantía de imparcialidad y continuidad acreditadas en instituciones como el Inegi, al que en diciembre pasado y a propuesta del Ejecutivo Federal, Morena y sus aliados recortaron 5 mil millones de pesos, que lo obligaron a cancelar encuestas y censos como el Agropecuario.
Tener un mandato legal, blindará entonces al mencionado subsistema de posibles decisiones cortoplacistas, administrativas o autoritarias, sobre todo hoy, que el Ejecutivo federal y su mayoría legislativa en el Congreso asignan recursos a un tren en medio de la selva sin evaluar el impacto ambiental, o cuando el costo del aeropuerto previsto en Santa Lucía se eleva más de 8 mil millones de pesos por no considerar un cerro o la sobreexplotación de los mantos acuíferos en la zona.
Las ciudades que anhelamos son posibles si respetamos la ley, fortalecemos nuestras instituciones y usamos todos, la información disponible para combatir las ocurrencias y la corrupción.
ANA LILIA HERRERA DIPUTADA FEDERAL PRI
@ANALILIAHERRERA