Si bien la atención del gobierno se ha centrado en la discusión sobre la Guardia Nacional como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad que propuso López Obrador, las condiciones de seguridad en la mayor parte del país no cambiarán si no se adopta una estrategia para combatir la corrupción, indisciplina y la preocupante vinculación de los policías a nivel estatal y municipal, con toda clase de delitos, pero sobre todo de aquellos que son de lesa humanidad.
El “Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”, adoptado por la ONU en 1979, advertía a los gobiernos la necesidad de garantizar la aplicación de la ley a sus propios agentes y organismos antes de hacerlo con los ciudadanos.
Bajo este precepto, para alcanzar la paz y seguridad, se requiere un sistema de justicia capaz de sancionar los delitos cometidos por sus policías y, sobre todo, excesos en el desempeño de sus funciones contra la dignidad humana y los derechos humanos de las personas.
Con el propósito de determinar las principales áreas de oportunidad para fortalecer el diseño e implementación de mecanismos institucionales de control sobre los agentes encargados de la ley, Etellekt está avanzando en la construcción de una base de datos sobre el desempeño de las policías en el país. En este espacio me permito compartir un adelanto de este diagnóstico.
En el periodo analizado (julio de 2018 a marzo de 2019), se han registrado un total de 489 delitos y faltas cometidos presuntamente por agentes y oficiales de los tres niveles de gobierno, tanto de policías preventivas como de investigación, de los cuales en 38 se presume participación de agentes u oficiales de diferentes corporaciones federales, 181 de elementos de nivel estatal y 270 más de municipal, lo que resultó en la detención de 184 oficiales municipales, 103 oficiales y agentes de nivel estatal y 21 federal. Mientras que el total de detenidos ascendió a 308, los vinculados a proceso sólo sumaron 26 elementos.
Del total de delitos en los que se presume la participación de policías municipales, 54 fueron homicidios, 20 secuestros, 19 por delincuencia organizada, 18 por desaparición forzada, 19 por delitos contra la salud, 10 por tortura y nueve por robo de hidrocarburo. En el caso de elementos adscritos a corporaciones estatales, los delitos por los que se hicieron detenciones son 26 por robo, 25 por desaparición forzada, 25 por privación ilegal de la libertad, 14 por extorsión, 14 por homicidio, 14 por secuestro y 12 más por robo de hidrocarburo. En el caso de elementos de agencias federales encabezan los delitos contra la salud con un total de 16, el resto se divide entre faltas administrativas y otros delitos como asaltos y lesiones.
Un dato adicional que podría revelar fallas en los mecanismos actuales para prevenir la corrupción en la Policía es el hecho que del total de elementos detenidos vinculados a la comisión de delitos 90% lo fue estando en activo.
Con estos datos es posible adelantar que la Guardia Nacional aún con los mejores perfiles y un mayor número de elementos, será insuficiente para disminuir la violencia e inseguridad pública que azotan al país.
@ETELLEKT_