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En defensa de la autonomía universitaria

¿Qué es lo que motiva la insistencia del nuevo régimen en atentar contra la autonomía universitaria?

OPINIÓN

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Un país donde el poder político intervenga en la designación de las autoridades universitarias y pretenda orientar o coartar la libertad de cátedra y de investigación en los espacios dedicados a la reflexión crítica, sólo puede aspirar a ser una dictadura. ¿Qué motiva la insistencia del nuevo régimen en atentar contra la autonomía universitaria? Sus argumentos más notables de igualdad de oportunidades, obligatoriedad de la educación superior y combate a la corrupción -en los que incluso podemos coincidir- no corresponden con sus hechos. En principio, el Presupuesto 2019 no asignó mayores recursos a las instituciones de educación superior en México, autónomas o no, cuando la falta de infraestructura, equipamiento y personal docente, impiden aceptar cada año a la mayoría de jóvenes que aspiran y merecen un espacio en este nivel educativo. Segundo, la iniciativa presidencial de reforma al artículo tercero constitucional, no consideró el impacto presupuestal derivado de la obligatoriedad de la educación superior que proponía y sí eliminaba la fracción VII que otorga autonomía a nuestras universidades públicas. El atentado contra la autonomía que rápidamente corrigió el secretario de Educación aclarando que era un error, habría cambiado de golpe la realidad de nuestros máximos centros de estudios, privándolos de facultades y responsabilidades como gobernarse a sí mismas, investigar y difundir la cultura con pleno respeto a la libertad de cátedra, el libre examen y la discusión de las ideas, y determinar sus planes de estudio, entre otros aspectos. Y tercero: combatir la corrupción. Ignora que las universidades son sujetos obligados para efectos de fiscalización y se desvanece con la intención gubernamental revelada por la investigación de Animal Político: las 100 nuevas Universidades para el Bienestar Benito Juárez a las que asignaron mil millones de pesos para este año, no serían administradas por la SEP, sino por el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, un organismo internacional que “no está regido por las obligaciones presupuestales ni rendición de cuentas de la Administración Pública Federal”. Lo grave es que, mientras la Reforma Educativa de este gobierno espera negociar con la CNTE para ser discutida y votada, los embates contra la autonomía universitaria se trasladaron ya a los congresos locales del Estado de México, Baja California Sur y Veracruz, donde Morena presentó iniciativas de ley contra la autonomía de sus respectivas universidades. ¿Por qué un régimen que se dice de izquierda, atenta contra la libertad? La propia Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) llamó públicamente a los citados congresos a evitar afectar esos espacios de libertad de pensamiento e innovación, y yo agregaría, de efectivo contrapeso de los poderes político y económico, cuyo interés es la calidad educativa de la juventud mexicana y la reflexión crítica de nuestra realidad.